Isabel Díaz Ayuso para la obtención de mascarillas podría haberse hecho de forma ilegal al haber intervenido el hermano de ésta.
Aquí es donde empiezan las diferencias. Casado, y con él la dirección nacional del partido, sostienen que la operación no es legal al contar con la participación de Tomás Díaz Ayuso como intermediario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, y con ella todo su gabinete, mantienen justo lo contrario: no hay nada ilegal y todo se llevó a cabo de acuerdo a la ley y mediante un «contrato irreprochable».
Dejando a un lado la legalidad (o ilegalidad) de esa operación, los dos bandos de esta guerra difieren en otro asunto no menos importante: ¿Quién le hace llegar a Casado el dosier sobre Ayuso? Génova asegura que en ningún caso fue la Moncloa, aunque no da pistas sobre la persona o entidad que envía dicho informe.
Argumentos contradictorios
Una versión que choca frontalmente con la que mantiene Díaz Ayuso, quien asegura que Casado le dijo que ese informe se lo había enviado el Gobierno central.
Cuestionado sobre este punto, el líder de la oposición ha asegurado esta mañana que ese argumento era rotundamente falso y que, de hecho, fue la propia presidenta de Madrid la que le dijo que el Gobierno central le había hecho llegar a Génova el dosier, lo que le obligó a llamar a Moncloa para pedir explicaciones.
Casado sí ha matizado, no obstante, que a tenor de los datos fiscales y bancarios que aparecen en el informe, éste podría haber salido de «alguna institución pública».
Sea cuál sea el origen del documente, Pablo Casado considera que la información es «suficientemente relevante para que alguien piense que ha podido haber tráfico de influencias». Admite en cualquier que no tiene pruebas y ha recalcado que desea «fervientemente» que no haya irregularidad.