Plan Anual Normativo, lo aprobó el Consejo de Ministros el pasado 11 de enero, y entre sus intenciones, la de «reformar determinados aspectos» de la Ley Orgánica 7/2014. En concreto aspiran a «modificar la rigidez del actual… sustituyéndolo por otro más flexible».
¿Y eso qué puede suponer?
Esta Ley establece que las condenas de otros países «no tendrán ningún efecto, ni tampoco podrán provocar la revocación o revisión» de condenas impuestas en nuestro país, si estas han sido anteriores, o si el delito se cometió antes de ser juzgados en el otro país».
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Una manera de blindar las decisiones de nuestra Justicia, y sortear la normativa europea de 2008 que permite descontar a un condenado en un país de la UE las penas que hubiese cumplido en otro país miembro.
Si se modifica esta Ley Orgánica 7/2014 los miembros de ETA detenidos en Francia que hubiesen estado en prisión antes de ser condenados en España rebajarían su pena, y podrían acelerar su puesta en libertad. Afectaría a medio centenar de etarras.
Algo que ha puesto en alerta a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ya ha elaborado un dossier con información exhaustiva y ha convocado una rueda de prensa para explicar las consecuencias de esta reforma legal: excarcelar a 50 etarras en los próximos años o meses.
La AVT es la más beligerante con la política penitenciaria que está llevando a cabo el Gobierno desde el inicio de la legislatura y las cesiones a EH-Bildu y al PNV, socios prioritarios de Pedro Sánchez.
Ya denunciaron el acercamiento de presos, más del 50% de los 194 presos de ETA cumplen condena en cárceles del País Vasco y Navarra. Y el traspaso de competencias de prisiones al País Vasco
