La formación morada también plantea dar la nacionalidad a todos los migrantes que han trabajado en servicios esenciales.
Unidas Podemos propuso este miércoles que se dé permiso de residencia y trabajo a todos los migrantes irregulares que estuvieran en España el pasado 14 de marzo, fecha en la que se decretó el estado de alarma. La formación morada también plantea la posibilidad de otorgar la nacionalidad española a aquellos inmigrantes que ya tuvieran permiso de residencia y que hayan trabajado en servicios esenciales durante la pandemia.
Así lo explicó este miércoles su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, que cifró en unos 600.000 el número de personas en situación de irregularidad (medio millón sin documentación y otras 100.000 que demandan asilo) que podrían beneficiarse de la regularización generalizada. Se trata, argumentó Echenique, de una cuestión humanitaria, pero también sanitaria, ya que el «miedo a ser deportadas» que atenaza a muchas de estas personas sin papeles les impide en ocasiones acudir a la sanidad pública cuando están enfermos, algo que potencialmente «podría poner en riesgo su salud y la de toda la ciudadanía».
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«Desde el punto de vista económico, resulta obvio que la irregularidad nos cuesta dinero, y el paso a la regularidad permite incrementar los ingresos del Estado» por los impuestos que comenzarían a pagar estos migrantes al trabajar legalmente, argumentó el portavoz. «Según algunos estudios, acabar con la irregularidad de las personas que no tienen documentación en regla podría suponer hasta 1.500 millones de euros de ingresos extra para el Estado», cifró.
Unidas Podemos ha enviado su propuesta al resto de grupos parlamentarios antes de presentarla como iniciativa en el Congreso para tratar de consensuar un texto conjunto. A juicio de la formación morada, tanto la regularización masiva de inmigrantes irregulares como la concesión de la nacionalidad española a algunos de los migrantes de fuera de la UE que trabajan legalmente en España (algo más de 2,2 millones) no requerirían cambios legales, ya que existen instrumentos en la legislación para abordarlas.
Echenique afirmó que había informado al PSOE antes de presentar la propuesta, si bien admitió que «probablemente» los socialistas mantengan una «posición política diferente» a la de Unidas Podemos. Precisamente estas discrepancias en materia de inmigración son las que provocan que sea el grupo parlamentario y no el Gobierno quien haya llevado la propuesta al Congreso, como ya ha ocurrido con otros asuntos, como el fallido impuesto a las grandes fortunas que propone Unidas Podemos.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó este miércoles que el Ejecutivo ha «regularizado la situación» de «colectivos vinculados con el sector agroalimentario» para que «salgan de la situación de anormalidad y de economía sumergida y puedan trabajar». No obstante, Sánchez rehusó contestar si se plantea una regularización masiva de inmigrantes como la que plantea su socio de Gobierno.
Una decisión gubernamental
Pese a que Unidas Podemos ha remitido su propuesta -aún sin formato de iniciativa legislativa- a los grupos parlamentarios del Congreso, lo cierto es que tanto la regularización masiva de inmigrantes sin documentación como la concesión de la nacionalidad a algunos de los que sí tienen papeles dependen fundamentalmente del Gobierno.
Con respecto a la primera de las propuestas, el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería establece que el Consejo de Ministros «podrá dictar instrucciones que determinen la concesión de autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo» en «supuestos no regulados de especial relevancia», como podría ser la crisis del coronavirus. Unidas Podemos propone que se establezca un plazo de solicitud de estos permisos que vaya del 1 de agosto al 31 de octubre.
La concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza también depende del Ejecutivo, que la puede otorgar por real decreto «cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales», según determina el Código Civil. El Consejo de Ministros podría determinar que haber ejercido servicios esenciales durante la pandemia (transporte de viajeros imprescindible, transporte de mercancías, limpieza, desinfección, trabajos sanitarios…) pueda considerarse una circunstancia excepcional para reclamar la nacionalidad.
