La Policía Nacional sitúa entre los arrestados a los dos presuntos cabecillas de una organización que utilizaba empresas reales sin permiso de sus propietarios.
La Policía Nacional ha desarticulado una presunta red criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular mediante documentación falsa en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real. La investigación se ha saldado con diez personas detenidas, entre ellas quienes serían los dos responsables principales de la organización.
Según la información policial, el grupo ofrecía a ciudadanos de origen magrebí una vía al margen de los procedimientos legales para solicitar autorizaciones de residencia y trabajo. Por estas gestiones cobraba en efectivo entre 2.000 y 4.500 euros por solicitante.
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La investigación comenzó después de que los agentes detectaran numerosos documentos falsificados en expedientes de solicitud de residencia. La documentación de personas extranjeras corresponde a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno y a la Policía Nacional dentro de sus respectivas competencias.
Contratos ficticios vinculados a empresas reales
Los investigadores atribuyen funciones diferentes a los dos presuntos cabecillas. Uno de ellos se encargaba de localizar a posibles interesados y ofrecerles el procedimiento fraudulento para tramitar sus solicitudes de residencia.
El segundo, dedicado a la gestión empresarial, tenía acceso a datos personales y firmas digitales de clientes y empresas. De acuerdo con la Policía Nacional, habría utilizado esa información para efectuar trámites sin autorización, elaborar ofertas laborales y contratos de trabajo, y gestionar altas en la Seguridad Social.
La organización recurría presuntamente a empresas reales con actividad económica en la provincia de Ciudad Real para formalizar los contratos y las altas fraudulentas. Estas operaciones se habrían realizado sin el conocimiento ni el consentimiento de los propietarios legítimos de los negocios.
Solicitudes de residencia por arraigo sociolaboral
Las ofertas o contratos de trabajo eran empleados posteriormente para presentar y tramitar solicitudes de autorización de residencia y trabajo por arraigo sociolaboral, conforme al procedimiento previsto en la normativa de extranjería.
La Policía sostiene que los pagos se efectuaban en efectivo para evitar que quedara rastro del dinero y de su posterior reparto entre los distintos integrantes de la presunta organización.
