una de las prioridades del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, consta de 36 artículos y con su aprobación este martes por el Consejo de Ministros, inicia su andadura parlamentaria, después de un proceso de participación pública que comenzó en febrero de 2019
El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de crisis climática con el que se pretende alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 e impulsar el coche eléctrico y las energías renovables, en un contexto enmarcado en la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria por la COVID-19.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, ha manifestado que esta ley refleja «el modelo que queremos» para nuestro país y para Europa y sobre todo sirve para «cumplir con las generaciones más jóvenes» que no deben «heredar hipotecas que no les tocan» sino compromisos de futuro, respetuosos con el planeta y compatibles con un modelo de desarrollo «inclusivo y sostenible».
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (APLCCTE), una de las prioridades del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, consta de 36 artículos y con su aprobación este martes por el Consejo de Ministros, inicia su andadura parlamentaria, después de un proceso de participación pública que comenzó en febrero de 2019.
Este proyecto otorga, por fin, un marco institucional «a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca», ha añadido la ministra para quien el texto busca «consolidar empleo e innovación».
Los objetivos de esta ley, que pretende ser inclusiva, se implementarán a través de sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC); el primero de ellos (2021-2030) permitirá reducir las emisiones en un 23 % respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovables en el consumo final, hasta un 42 %.
El texto se ajusta a los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París, y destaca el propósito de España de alcanzar la neutralidad climática «no más tarde de 2050» con objetivos que sólo podrán se revisados al alza.
Para ello en 2030 las emisiones en el conjunto de la economía nacional deberán reducirse al menos un 20 por ciento respecto a 1990, un objetivo en la línea fijada por la Comisión Europea y que supone para España retirar una de cada tres toneladas que se emiten en la actualidad.
Asimismo sobresalen los planes para potenciar la movilidad eléctrica para alcanzar «un parque de turismos sin emisiones directas de CO2» y por fomentar el uso de las bicicletas, además de dar protagonismo al peatón, en un contexto actual de COVID, donde ganar espacios físicos entre personas es más relevante que nunca.
Para el Gobierno, uno de los objetivos climáticos es que los coches de uso particular reduzcan poco a poco las emisiones, y que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, que se vendan en España, tengan emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro no más tarde de 2040.
Para ese fin se instalarán progresivamente puntos de recarga en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, en la actualidad el 10 % de la red.
La norma también establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la ordenación urbana, medidas para reducir las emisiones incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones nunca más allá de 2023.
A este respeto cabe señalar, que «la regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y del órgano autonómico competente en protección medioambiental».
Otros pilares para la descarbonización son la rehabilitación de edificios, clave en la eficiencia energética, y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español, ambos «palancas de reactivación económica en el corto plazo».
Las energías verdes ganan peso en el conjunto de la economía, y así para 2030, al menos, un 70 por ciento del sistema eléctrico deberá generarse con renovables y al finalizar la próxima década, como mínimo, el 35 por ciento del consumo final de la energía también deberá ser verde.
Según las estimaciones del Gobierno, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales, mientras que las inversiones, el ahorro de energía y la mayor presencia de renovables permitan aumentara el PIB alrededor del 1,8 por ciento en 2030, respecto de un escenario sin medidas.
El proyecto presentado hoy también promueve la educación ambiental, incorpora políticas de adaptación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad, un capital natural -ha incidido Ribera- sin el que todo sería más difícil.
Con la entrada en vigor de la ley, se pondrá fin al fracking, y tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, investigación o explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional.