En el artículo de la semana pasada anunciábamos que, en los siguientes, continuaríamos comentando distintos aspectos de la crisis económica en la que estamos sumergidos, apoyándonos en datos que son los que realmente tienen validez más allá de interpretaciones y los que son verdaderamente tozudos. En esta ocasión nos vamos a centrar en la deuda pública y déficit.
Por deuda pública o deuda soberana se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otros países, y es la forma que habitualmente se utiliza para conseguir obtener los recursos financieros que el Estado utiliza para atender sus gastos, además de los impuestos. Es decir, son las obligaciones que tiene el Estado como consecuencia de los préstamos totales acumulados que ha recibido o de los que es responsable. En una palabra es lo que debe el Estado y que está comprometido a pagar.
En el caso del Estado español su deuda ascendía, en el mes de noviembre pasado, a 1.313 MM €, valor que suponen 123.700 M€ más que en diciembre de 2019, y supone el 117,3% del PIB (recuérdese lo comentado en el artículo de la semana pasada) o lo que es igual 22 puntos más que en diciembre de 2019 (95,5%). Es decir, que la deuda pública crece más que lo hace el PIB por lo que debemos más de lo que tenemos.
Efectivamente, en el acumulado de 2020 a 2022, la previsión es que la deuda pública española se disparará en casi 27 puntos del PIB, según las estimaciones del Banco Central Europeo. Con este sobregasto/endeudamiento se pretende logar la contención de la crisis, pero será necesario hacer un esfuerzo mayor en el futuro para corregir los desequilibrios acumulados a lo largo de estos tres años.
No se trata, pues, de quitar las ayudas para evitar el endeudamiento, sino de tener muy presente que cuanto más tiempo duren y más cuantiosas sean los gastos, mayor será el esfuerzo fiscal necesario en el futuro, así como tener conciencia clara, tanto en políticos como en ciudadanos, que el gasto extraordinario de ahora se tendrá que devolver en los próximos años.
Se da la circunstancia, además, de que el Tesoro público no solo ha de financiar el déficit del Estado, sino que también ha de asumir los números rojos de la Seguridad Social y habrá de mantener una financiación expansiva en las comunidades autónomas y ayuntamientos como consecuencia de la crisis, lo que hará necesario captar dinero en los mercados hasta un importe que superará los 277.000 millones de euros captados en 2020.
La crisis también se ha dejado sentir con fuerza en el déficit público que superó los 87.000 millones en noviembre de 2020 y suponía un 7,82% del PIB, valor que multiplica por cinco el déficit en el mismo período de 2019, pero que, en el conjunto del 2020, será del 11,3% del PIB, es decir, 3,48 puntos porcentuales superior al registrado en noviembre.
Este incremento del déficit es un reflejo del impacto que han tenido en la economía las medidas adoptadas para atender la emergencia sanitaria y tratar de mitigar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia, entre las que se incluyen, como es obvio, el alza de las prestaciones por desempleo, incluidos los ERTE, que han llegado a los 33.392 millones.
Podíamos pensar que la situación española es semejante a la de los demás países de la Unión Europea que han sufrido la pandemia y la derivada crisis económica como nosotros, pero, para desgracia nuestra: España ha sido, durante 2020, el país con más déficit de la Unión Europea y, lamentablemente, seguirá batiendo este record en 2021 siguiendo siendo el socio de la eurozona con mayor déficit público.
Todo este fárrago de números, sobre todo para los que no somos expertos, me lleva a hacer una consideración final: en el año 2021, gracias a las vacunas, confiamos en recuperar la normalidad sanitaria y, con ella, la económica, aunque esa recuperación será compleja, entre otras cosas, porque el proceso de vacunación tardará varios meses en dar resultados efectivos. De aquí que el 2021 que nos espera será de bastante gasto y el consiguiente endeudamiento, pero, en mi opinión, debe “filtrarse” el gasto y orientarlo al mantenimiento de empresas -lo que supone empleo-, a atender las necesidades de las familias mediante ERTEs, desempleo y escudo social, pero evitando gastos ideológicos, suntuarios y no productivos que no hacen sino retrasarnos en la salida de la crisis. Opinión que no es otra que la recomendación que ha dado el Banco Central Europeo: «cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, la atención debería pasar a centrarse en aplicar políticas fiscales orientadas a lograr unas situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo». Es el camino adecuado para mitigar el presente y asegurar el futuro.
Juan Antonio Callejas Cano
- Diputado nacional por Ciudad Real
- Grupo Parlamentario Popular
- Portavoz del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real.
@jacallejascano
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