El voto de los socialistas amplía la grieta que respecto a la Monarquía existe entre los dos socios de la coalición gubernamental
El Congreso tiene cegada la creación de una comisión que investigue las presuntas prácticas irregulares del Rey emérito, especialmente el uso de tarjetas opacas con fondos donados por terceros, tal y como reclamaban Unidas Podemos y sus aliados independentistas, abertzales y minoritarios de izquierda. La Mesa ha rechazado la propuesta de estas formaciones con los votos de PSOE, PP y Vox frente a los de Unidas Podemos y ello pese a que los letrados de la Cámara finalmente habían emitido un brevísimo informe admitiendo la posibilidad de que esta comisión tuviera luz verde.
El voto de los socialistas junto a populares y Vox para evitar la investigación a Juan Carlos I amplía la grieta que respecto a la Monarquía existe entre los dos socios de la coalición gubernamental. Las primeras y más duras críticas se han dirigido contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha defendido la negativa a crear la comisión, y han partido de la secretaria de Estado, Ione Belarra (Podemos), acusándola una vez más de estar alineada con la ultraderecha.
La parte socialista, mayoritaria, argumenta que una comisión de estas características induciría a la puesta en cuestión de las instituciones fundamentales del Estado y a ello añade que este asunto ya esta bajo investigación judicial en el Tribunal Supremo además de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que el Parlamento no tiene entre sus funciones controlar a la Jefatura del Estado. De hecho esta es la argumentación que hasta ahora habían defendido los letrados de la Cámara.
Por el contrario, el bloque minoritario del Ejecutivo ha insistido en la necesidad de aclarar los negocios opacos del Emérito, especialmente los presuntamente llevados a cabo tras su abdicación y, en este sentido, limitar estrictamente la inviolabilidad que afecta a la Corona. No obstante, el objetivo de Unidas Podemos y sus aliados va más allá y pasa por alentar un proceso de cambio hacia la república en la forma del Estado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la voz gubernamental que con más claridad ha defendido la negativa a abrir la citada comisión. Lo ha hecho esta misma mañana en los micrófonos de Onda Cero. Ello le ha supuesto la crítica inmediata de la secretaria de Estado de Agenda 2030 y número dos de Pablo Iglesias, Ione Belarra, acusándola una vez más de «proteger los privilegios y alinearse con la derecha y los ultras». «Es decepcionante», ha añadido en un mensaje de Twitter.
A lo largo de los últimos meses, Unidas Podemos y sus aliados habían presentado esta solicitud de investigación al Emérito hasta en cuatro ocasiones. Todas resultaron rechazadas con el voto de los socialistas. Ahora, tras esta última negativa, la formación morada parece descartar la presentación de una nueva propuesta en este sentido y, tal y como ha señalado su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, se dispone a abrir un «proceso de reflexión» sobre esta cuestión previsiblemente para intentar acometerlo por otras vías. En su opinión, la iniciativa de su partido es «constitucional al cien por cien».
También el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, se ha unido a las críticas contra Margarita Robles y su oposición a «cuestionar las instituciones» asegurando que lo que las «degrada» es «blindar su corrupción, impunidad y opacidad».
En una comparecencia posterior en Moncloa junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Transportes, José Luis Ábalos, la ministra de Defensa ha respondido a las consideraciones de su socio de Gobierno y, concretamente a Belarra. Con cierta retranca, primero ha señalado que está «volcada» en la situación de emergencia y «no tiene tiempo de leer tuits», dando a entender que, efectivamente, los ministros de Podemos no están igual de implicados en esta gestión.
Pero a continuación ha sugerido que, en realidad, sí deberían estarlo ya que esta dirigente es secretaria de Estado de Agenda 2030 de la vicepresidencia segunda de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias. Robles ha pedido «poder trabajar» con este departamento para atender a los «ciudadanos vulnerables, como los que están en las residencias». «Invito a la señora Belarra a trabajar en esta labor tan importante».
La ministra también ha minimizado el tuit porque entiende que es la postura de un «particular». «Como miembro de un Gobierno lo que me preocupa es la acción del Ejecutivo». Y ha reiterado que como secretaria de Estado «va a encontrar siempre» la colaboración de Defensa y del Ejército en cuestiones que como la desinfección de residencias, que seguro, ha añadido, que a Belarra «le preocupará también». «Estamos en una situación de emergencia», ha repetido, «y no podemos perder tiempo más que en trabajar y devolver la normalidad a nuestro país».
Ábalos, por su parte, ha tratado de no dar pábulo a las constantes diferencias dentro del Ejecutivo de coalición y ha asegurado que no le «asusta» el debate. El ministro ha indicado que no está en la agenda del Gobierno «nacionalizar empresas», después de que lo haya planteado Podemos para frenar la subida de la factura de la luz.
En el Congreso, tras la decisión de la Mesa, de momento, ERC ya ha registrado sendas peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta primera para que «den cuenta de las actuaciones llevadas a cabo en la marcha del Rey emérito del territorio del Estado el pasado mes de agosto», así como para dar explicaciones sobre «las posibles injerencias por parte del Gobierno con el objeto de impedir la constitución de una comisión de investigación, avalada por los letrados de las Cortes, en torno a presuntas acciones corruptas» de Juan Carlos I.
Igualmente Bildu ha arremetido contra el PSOE en un tuit. Los abertzales aseguran que los socialistas han demostrado «no tener ningún reparo cuando se trata de blindar los pilares del régimen del 78». Y recuerdan que «ya lo hicieron vetando la petición para investigar a Felipe González y lo vuelven a hacer salvando a Juan Carlos de Borbón». Y se preguntan: «¿A esto llaman modernizar la monarquía?».
Los morados aseguran no entender por qué tras el visto bueno de los letrados, los socialistas siguen oponiéndose a investigar los negocios y las prácticas opacas de Juan Carlos I. Mantienen que no existen argumentos ni jurídicos ni políticos ni éticos para rechazar la iniciativa.
El informe de los letrados del Congreso proponía en esta ocasión «admitir a trámite y trasladar a la Junta de Portavoces para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria», la iniciativa de UP, ERC, Grupo Plural, Bildu y Grupo Mixto.
Y daba además luz verde para que la comisión, de acuerdo con su potestad para ordenar sus propios trabajos, pudiera «decidir sobre la celebración de comparecencias sin que quepa predeterminar cómo han de acordarse aquéllas».
En definitiva, aceptaba, tal y como recogía la propuesta de los grupos firmantes, la comparecencia «de quienes puedan resultar, por las informaciones conocidas, política, penal, civil o administrativamente responsables de las prácticas cuya investigación constituye el objeto de la comisión».