Castilla-La Mancha encabeza el gasto COVID en España con 400 millones invertidos y la contratación de más de 9.200 profesionales.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado una inversión total de 3,3 millones de euros para atender distintas necesidades sociosanitarias en la región, mediante iniciativas procedentes de dos acuerdos de las consejerías de Sanidad y de Bienestar Social.
Así lo ha explicado este miércoles la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, en una rueda de prensa en la que ha informado de los pormenores del Consejo de Gobierno.
En primer lugar, se ha referido al acuerdo de la Consejería de Bienestar Social, que ha motivado la autorización de un gasto de 1,8 millones de euros para acometer las obras de reforma y acondicionamiento de la residencia de mayores ‘Las Hoces’, en Cuenca, que es de titularidad pública y cuenta con 122 usuarios.
Ha explicado que este centro se construyó en los años setenta y, desde entonces, ha sufrido diferentes reformas, al tiempo que ha dado a conocer que es la primera planta del edificio la que centrará las obras de remodelación.
En concreto, las mejoras consisten en la demolición completa para crear una nueva estructuración adaptada de habitaciones y baños y también se dispondrá un nuevo montacamillas para dar servicio a toda la residencia, con características de ascensor de emergencia, y todos los espacios serán totalmente accesibles.
Este acondicionamiento forma parte de los presupuestos sociales del Gobierno regional para el año 2021, y permitirán mejorar infraestructuras y avanzar en la protección social de la ciudadanía, ha recalcado la portavoz.
Por otro lado, ha hecho alusión al acuerdo de la Consejería de Sanidad, que consiste en la autorización de un gasto por un importe superior a 1,45 millones de euros para la prórroga de contratos de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.
Ha especificado que, de esta cantidad, 1,18 millones se dedicarán a la prórroga de la contratación de 40 plazas residenciales para personas con trastornos mentales graves en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y 270.000 euros a la de 24 plazas residenciales para personas con enfermedad mental en Albacete, con una duración de 18 meses desde el 1 de enero de 2021.
El objetivo, según Fernández, es que «ninguna persona quede desatendida, a pesar de tener un trastorno mental grave que dificulte su vida diaria».
La portavoz regional ha recordado que la Fundación Sociosanitaria contribuye al mantenimiento de una red de centros residenciales y que, con esta prórroga, se persigue dar continuidad a la atención que reciben los beneficiarios de dichas plazas, mayores de 55 años que tienen asociadas necesidades de atención sanitaria y que carecen de la posibilidad de acceder a recursos residenciales por vía ordinaria.
400 MILLONES CONTRA LA COVID-19
Por otra parte, la portavoz del Gobierno regional ha destacado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que mayor esfuerzo presupuestario está realizando en la lucha contra la covid-19, con una factura que supera los 400 millones de euros y la contratación de más de 9.200 profesionales.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su comparecencia, en la que ha señalado que la región recibirá en los próximos días «un importante premio» por parte de la revista ‘New Medical Economics’, que ha reconocido a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma con la actividad sanitaria más innovadora en 2020.
Fernández ha hecho hincapié en que, según los datos oficiales, esta comunidad autónoma se encuentra entre las tres con mejores niveles de trazabilidad y seguimiento de los casos de covid-19, ya que el servicio de rastreo sigue la pista epidemiológica al 70 por ciento de los contagios que se producen, mientras que en el 30 por ciento restante son los ciudadanos los que se acercan al sistema sanitario.
La portavoz regional ha destacado que estas cifras son fruto del esfuerzo «intenso» que viene realizando el Ejecutivo autonómico para dar respuesta a la crisis sanitaria, con medidas como la contratación de más de 9.200 profesionales en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).
Ha añadido que, según los datos del Ministerio de Hacienda conocidos recientemente, hasta el mes de septiembre la comunidad autónoma había efectuado un gasto de factura sanitaria vinculada al coronavirus de 371 millones de euros, lo que supone el 0,98 por ciento del Producto Interior Bruto de la región.
Asimismo, ha precisado que, hasta este momento, la llamada ‘factura covid’ ha superado los 400 millones de euros, se han repartido 99 millones de mascarillas y se han adquirido cuatro millones de test: serológicos, rápidos y PCR.
Por otra parte, y a preguntas de los periodistas sobre la venta de acciones de las empresas con participación en el nuevo Hospital de Toledo, Fernández ha asegurado que la Junta «no tiene por qué entrar en cómo una empresa gestiona sus cuentas», sino garantizar que se cumplen los servicios que prestan -seguridad, limpieza y catering-.
En este sentido, ha insistido en que la función del Gobierno regional no es la vigilancia de esas operaciones, sino velar por que los mencionados servicios se cumplen «y eso está garantizado», ha subrayado la portavoz.
REUNIONES DE 10 PERSONAS EN NAVIDAD
En otro orden, Castilla-La Mancha se plantea «abrir la mano» en Navidad, de manera que en las reuniones familiares pueda haber hasta una decena de personas, así como levantar el cierre perimetral «en días puntuales», como Nochebuena y Nochevieja, para que puedan viajar los residentes en otras comunidades autónomas.
Este es el planteamiento con el que, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, a preguntas de los periodistas, el Gobierno regional acudirá este miércoles al Consejo Interterritorial de Salud.
«Llevamos un borrador que está abierto a ser debatido y consensuado en el Consejo Interterritorial», al que ha dicho que Castilla-La Mancha acude «con toda la actitud colaborativa, intentando que las medidas sean lo más coherentes posibles en todo el territorio nacional, pero también con la suficiente flexibilidad para adaptarse a la realidad de cada territorio».
En este sentido, ha señalado que el planteamiento que se hará pasa por «abrir un poquito la mano» en la reuniones familiares y que, al menos en Nochebuena y Nochevieja, se puedan reunir diez personas, así como levantar el confinamiento perimetral «algunos días puntuales» para que pueda venir la familia que vive en otras comunidades autónomas.
En cualquier caso, ha insistido en que hay que esperar a ver la decisión que se toma esta tarde y en que la finalidad es «intentar facilitar a las familias que se puedan reunir», pero «con contención y cuidado», pues ha advertido de que de la experiencia del puente del Pilar vino «un incremento notable del número de contagios y, a toda costa, es lo que se querría evitar».
Respecto al límite horario, ha indicado que se baraja la 1.00 o la 1.30 horas como toque de queda el 24 y el 31 de diciembre, aunque «cada comunidad podrá tomar su decisión, ateniéndose a lo estipulado en el decreto de estado de alarma».
Preguntada también acerca de qué va a pasar después del puente de la Constitución y de la Inmaculada, fecha hasta la que, en principio, el Gobierno regional tiene previsto mantener el confinamiento perimetral, ha reiterado que se planteará la posibilidad de levantar el cierre «en días puntuales», lo que significaría que el resto de días quedaría perimetrada la comunidad autónoma.
«Lo que pretendemos es que las familias se puedan reunir, con un control de diez, en días puntuales, que son Nochebuena y Nochevieja», ha destacado la portavoz del Ejecutivo autonómico.
ASESINATO DE VECINA DE CIUDAD REAL
Por último y de otro lado, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la acción popular en el juicio por el crimen de la vecina de Ciudad Real Nancy Paola Reyes, presuntamente asesinada este verano por su pareja en Santander.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo autonómico ha recordado que a Nancy Paola se le perdió la pista en agosto y, después de que su familia denunciara su desaparición, su cadáver fue hallado pasado un mes en la capital cántabra.
Fernández ha explicado que, en aplicación del artículo 35 de la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género, el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a personar como acusación popular, «tal y como hace siempre en los casos de asesinatos machistas», porque ha sostenido que es la obligación política y moral del Ejecutivo regional, «y más en este caso, en el que se trata de una familia que no cuenta con recursos económicos, más allá de los que se les pueda ofrecer desde la Junta».
En este contexto, ha señalado que el Ejecutivo autonómico reeditó hace poco la campaña ‘Implícate’ contra la violencia de género, con la que se pretende poner encima de la mesa que la violencia machista es un problema estructural y social, «no del ámbito privado», por lo que «las administraciones públicas tienen que adquirir un compromiso firme, siempre y en todo momento, ante los asesinatos machistas».
También ha recordado que 41 mujeres han sido asesinadas a lo largo de 2020, el año en el que, desde que hay estadísticas (2003), ha habido que lamentar menos crímenes, «pero aún sigue siendo un drama terrible que no hay que minimizar», ha concluido.