El Servicio Público de Empleo (SEPE) va a revisar las aplicaciones informáticas de este organismo que gestionan los ERTE y el resto de prestaciones laborales y que, con una antigüedad media de 30 años, están ralentizando la tramitación de decenas de miles de expedientes desde que comenzó la pandemia en marzo pasado, lo que ha ocasionado un tremendo caos con innumerables irregularidades.
En concreto, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, ha adjudicado al Grupo Corporativo GFI Informática S.A., de Madrid, el servicio de «monitorización y análisis para la detección de problemas que afecten al rendimiento de aplicaciones informáticas del Servicio Público de Empleo Estatal» por 257.857,40 euros. A este concurso se había presentado una segunda oferta, por 299.500 euros, según recoge hoy el BOE.
Desde el Ministerio de Trabajo han explicado que esta adjudicación es una prórroga de otra existente que tenía una duración de dos años.
Mientras, miles de personas siguen sufriendo situaciones esperpénticas y hasta dantescas, pues hay cientos de casos de trabajadores en ERTE que aún no han cobrado sus prestaciones, otros que la siguen recibiendo aunque ya se han incorporado a sus trabajos, otros más que, sin saber el motivo, están cobrando el subsidio del paro a pesar de que están trabajando, etc…. Además, la gran mayoría de los afectados por ERTE aún no han recibido la parte del subsidio que les corresponde por los hijos.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, afirma que «urge un apoyo decidido a la inversión en medios tecnológicos porque las aplicaciones y los sistemas informáticos, con una antigüedad media de 30 años, ponen de relieve las deficiencias en la gestión y dificultan una tramitación más ágil de las prestaciones por desempleo.
CSIF insiste en que debe acometerse una reforma estructural y en profundidad de los sistemas y aplicaciones informáticas del SEPE, obviando la política de «parches» que se desarrolla en el organismo, con una decidida apuesta en inversión tecnológica, habida cuenta de las múltiples incidencias en la gestión de las prestaciones por desempleo.