El coste de abrir una piscina puede llegar a duplicarse este temporada
«La idea de los vecinos es la de abrir las piscinas pero cuando ven lo que les va a costar se echan atrás«. Así resume a Informativos Telecinco Eva Castro, administradora de fincas, lo que está pasando en muchas urbanizaciones españolas. Los nuevos requisitos impuestos para evitar contagios de COVID-19 están casi duplicando los costes para abrir estas instalaciones comunitarias lo que está llevando a muchos vecinos a no poder afrontar las abultadas derramas. Tampoco ayuda el hecho que de la limitación de aforo obligue a que urbanizaciones de 100 vecinos con piscinas de un tamaño normal (14 x 8 metros de lámina de agua) solo puedan bañarse 17 personas a la vez.
España es el segundo mercado de piscinas a nivel europeo y el tercero a nivel mundial con 1,3 millones de piscinas, en empate con Brasil y por detrás de Francia –1,5 millones–, y de Estados Unidos –cinco millones de piscinas–, mientras que ocupa a 70.000 personas entre trabajos directos e indirectos.
La gran mayoría de estas piscinas se encuentran en comunidades de vecinos, hoteles e instalaciones deportivas. “El resto lo configuran las piscinas ubicadas en alojamientos rurales, parques acuáticos, campamentos y centros de hidroterapia”, lo que supone que España dispone de una piscina por cada 40 ciudadanos. según datos de la Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas (ASOFAP).
El problema para los vecinos de estas comunidades o urbanizaciones y sus juntas rectoras es decidir qué hacer con las piscinas. Eva Castro, de MarcosMar SL, apunta en la misma dirección que Rafael del Olmo, secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y secretario del Consejo Andaluz. Ambos señalan que existe «cierta tensión social» dentro de las comunidades de vecinos en relación a la apertura de las piscinas este verano debido a las limitaciones de aforo y las exigencias sanitarias establecidas para evitar el contagio del COVID-19.
Pero estos profesionales tampoco se ponen tienen claro cómo actuar ante la falta de claridad de la Administración sobre las piscinas. Así, mientras que Castro cree que «no deberían abrirse», Del Olmo defiende que «pueden y deben» hacerlo.
Una temporada de piscina abierta en la comunidad de Madrid tiene un presupuesto medio de unos 11.000 o 12.000 euros. Pero el coste de las nuevas exigencias derivadas del coronavirus elevan esta cantidad hasta los 20.000 euros, según Eva Castro. Este incremento viene dado por la necesidad de contratar a una persona que controle los accesos, algo que supone una inversión de 9.300 euros, más 2.500 euros correspondientes al incremento de las labores de limpieza. A todas estas cantidades habría que añadirles el IVA correspondiente.
El problema se multiplica aún más en aquellas urbanizaciones pequeñas en las que 10 propietarios han de hacer frente a presupuesto de unos 9.000 euros por temporada si quieren abrir su piscina.
Este fuerte incremento está haciendo que las juntas rectoras de las comunidades retrasen la toma de decisiones hasta conocer con exactitud cuáles serán las normas sanitarias de la ‘nueva normalidad’, algo que seguro no ocurrirá hasta el 21 de junio cuando decaiga el estado de alarma.
Para aquellas que decidan seguir adelante hay otro problema que amenaza aún más la convivencia entre los vecinos: el aforo reducido.
Rafael del Olmo recuerda que el problema «son las exigencia que se han establecido en las últimas normativas que reducen el aforo al 30 %, lo que significa que en una piscina donde entraban cien personas este año van a poder entrar solo 30 al día«. Además, «hay que mantener una distancia de seguridad, lo que determina que se generen parcelas de dos metros cuadrados para cada usuario, es decir, un 30 % de aforo pero solamente si hay espacio para dos metros cuadrados por persona».
Esta delimitación de parcelas en las zonas de pradera cuenta también con un problema añadido, según Eva Castro y es que dificulta en exceso el mantenimiento del césped ya que habrá que desmontar y volver a montar el sistema de cuadrículas cada vez que se tenga que segar que en verano suele ser una vez por semana.
Pero cuando hablamos del vaso de la piscina, las exigencias son aún más duras porque la ley determina que en los momentos de máxima concurrencia de bañistas se disponga, al menos, de 2 metros cuadrados de lámina por cada uno de ellos por lo que en una piscina de 100 metros cuadrados, el aforo sería de 50 bañistas, que a un 30 % quedaría reducido a 15 personas en el vaso al mismo tiempo,
A esto «se suman unas exigencias de carácter sanitario como tres limpiezas al día de los elementos de más uso como las escalerillas, las corcheras, los tiradores de la puertas, etcétera, que pueden estar contempladas o no en el presupuesto de la piscina, pero sin las que no se puede abrir». Por tanto, «por una lado está la limitación de aforo y, por otro, la limitación de carácter económico«, de modo que «los vecinos están valorando si dentro de ese contexto de superficie reducida y de gasto incrementado al final merece este año abrir o no las piscinas».
«Hay un grupo importante de comunidades que han decidido no abrirlas y otras donde el debate interno es tremendo», ha asegurado Del Olmo, que ha precisado que a los administradores de fincas colegiados esta situación les «afecta mucho» porque «ni tenemos las herramientas legales suficientes como para hacer frente a esa situación ni tampoco somos capaces, a veces, de satisfacer esa inquietud».
A todo este contexto «tan extremo» se suma el hecho de que las juntas de propietarios «no se pueden reunir, porque solo es posible agrupar hasta a 15 personas» por lo que «si una comunidad tiene 80, 100 o 200 pisos resulta imposible que se reúna, que tome decisiones y que apruebe la emisión de cuotas extraordinarias porque el presidente ‘per se’ no las puede emitir«.
De este modo, continúa, «se está reconduciendo la decisión final a la figura del presidente, que es la única persona que representa a la comunicad en juicio y fuera de juicio y que sería la que finalmente tomase este tipo de decisiones, con lo que ello supone de cierta tensión social dentro de las comunidades«.
Ante esta situación, Del Olmo ha explicado que «se plantea el turno rotatorio por portal y piso, el turno de reserva o la utilización de una ‘app’, que no están todas bien terminadas ni está perfeccionadas para que tengamos la garantía de que nos va a resolver el problema y no lo va a agudizar».
Por tanto «estamos trabajando sobre diferentes escenarios en donde en unas comunidades más pequeñas se va a confiar en que las personas respeten la superficie y los turnos establecidos sin que haya un controlador, mientras que en otras comunidades el controlador será imprescindible por el número de personas». «Y además combinando todo los factores de reserva apriorística o de distribución de la superficie por turnos de portal y piso», concluye.