Los exconsejeros de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández y Manuel Recio, están en el punto de mira judicial. Se les acusa de otorgar, de manera presuntamente «arbitraria», subvenciones millonarias con fondos públicos.
Acusaciones y detalles del auto
El juez del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha emitido un auto, fechado el 10 de octubre, en el que se señala a ambos exfuncionarios y a otras seis personas. Se les imputa haber beneficiado con más de 33 millones de euros a las empresas vinculadas al fallecido exconsejero de Hacienda, Ángel Ojeda. Estas subvenciones estaban destinadas a cursos de formación para ex trabajadores de la multinacional automotriz Delphi.
Implicados y responsabilidades
Dentro de los investigados se encuentra un hijo de Ojeda. Sin embargo, su responsabilidad penal quedó extinguida tras su muerte. Las otras cinco personas mantenían una relación laboral o societaria con las empresas que estaban bajo el mando del exconsejero.
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El juez ha decidido abrir juicio oral contra estos acusados. Además, ha establecido que deben abonar distintas fianzas para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias. A los exconsejeros, Antonio Fernández y Manuel Recio, se les ha requerido fianzas por valor de 27 y 9 millones de euros respectivamente.
Contexto del caso: Cierre de Delphi
La Bahía de Cádiz vivió momentos de tensión con el cierre de la compañía Delphi. Ante esta situación, la Junta, a través de sus responsables políticos, prometió atender a los afectados. El objetivo era lograr su recolocación en otras empresas de la Bahía de Cádiz.
El magistrado señala que los exconsejeros de Empleo habrían otorgado estas ayudas bajo la apariencia de subvenciones excepcionales a la contratación. Todo esto, sin respetar la normativa vigente en ese momento.
