El Gobierno ha aprobado una aportación al sistema eléctrico de 1.360 millones de euros con el fin de compensar la menor recaudación por el Impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), suspendido desde septiembre del año pasado.
Así lo recoge el reciente ‘megadecreto’ aprobado por el Ejecutivo en su disposición adicional segunda. Dicho monto saldrá de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 y se transfiere a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 29/2021 por la reducción de ingresos que se ha producido por la suspensión del IVPEE», según consta en el texto.
Hay que señalar que los costes que generan las redes de transporte de energía, el régimen retributivo especial de las energías renovables, de la cogeneración y de la generación con residuos (Recore), la cobertura del déficit de años anteriores y la compensación del 50% del sobrecoste de la generación en los territorios no peninsulares se financia a través de distintas fuentes.
En concreto, los consumidores pagan una parte del recibo eléctrico, mientras que el resto del dinero procede de los PGE, el impuesto a la generación del 7% y los ingresos procedentes de las subastas de derechos de CO2. En el contexto de crisis de precios energéticos, el Gobierno impulsó una rebaja fiscal de la luz y eliminó en la última parte del año pasado casi la totalidad (96%) de los cargos de la factura con el objetivo de amortiguar el impacto del alza del precio de la electricidad en la factura final de los consumidores.
‘Nuevos’ peajes
En este sentido, no se recaudó prácticamente nada por cargos en los últimos meses de 2021. El Ejecutivo intentó compensarlo con un incremento de la aportación de la recaudación de las subastas de CO2, pero no fue suficiente. También intentó recaudar a través de la minoración de ingresos de la generación nuclear e hidráulica, pero las eléctricas se le echaron encima y acabó rectificando.
Desde el 1 de junio de 2021, cuando entró en vigor la nueva tarifa eléctrica, los peajes de acceso al sector eléctrico se sustituyeron por dos nuevos conceptos: los peajes de transporte y distribución, fijados por la CNMC, que cubren los costes del uso de las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica, y los cargos del sistema eléctrico, establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Este año, el sistema eléctrico podría haberse beneficiado del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), aunque casi un año después continúa paralizado en el Congreso de los Diputados y no se prevé que retome la tramitación parlamentaria hasta septiembre.
Este prevé trasladar el coste de las primas a las renovables que se pagan en la factura de la luz, que ascienden a unos 4.000 millones de euros anuales, a todos los sectores energéticos, incluyendo el petrolero y el gasista. De este modo, será un nuevo ingreso del sistema eléctrico que sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los cargos fijos del sistema eléctrico del Recore incluidos actualmente en los peajes de acceso de la factura eléctrica.
El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 600,5 millones de euros en la quinta liquidación, correspondiente al mes de mayo, según ha informado el organismo que preside Cani Fernández.
El Ejecutivo ha bajado el IVA de la luz dos veces en un año. El 21 de junio de 2021, ya anunció que se iba a reducir del 21% al 10%, mientras que desde junio de este curso (y hasta el 30 de septiembre) se sitúa en el 5%. También mantiene reducido al mínimo que permite Europa el impuesto especial sobre la electricidad (del 5,11% al 0,5%).
Tope del gas
No obstante, una de las medidas por las que más ha peleado el Gobierno ha sido el tope al precio del gas que se una para la generación eléctrica. Pese a todo, el recibo de la luz de un usuario medio con la tarifa regulada (el denominado PVPC) en julio fue de 142,30 euros, lo que supone un encarecimiento del 66,7% frente al mismo mes del año pasado y el segundo más caro de la historia, tan solo superado por los 176,73 euros del pasado marzo, según datos de Facua-Consumidores en Acción.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace pocos días que en septiembre planteará a la Comisión Europea una propuesta para reformar el funcionamiento del mercado eléctrico y desacoplar el precio del gas del precio mayorista, así como el establecimiento de un tope máximo al precio de las emisiones de CO2.
Sánchez y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya han intentado sin éxito en reiteradas ocasiones que Bruselas acceda a una modificación del sistema marginalista. Ambos defienden que el diseño del mercado eléctrico no se adapta a la realidad de crisis actual y que impide que los consumidores se beneficien de unos precios más bajos gracias a las energías renovables.
