El estudio, escrito por Murray Cox, de Inside Airbnb, y Kenneth Haar, del Corporate Europe Observatory, y editado por el grupo de la Eurocámara La Izquierda (GUE/NGL), pide a la Comisión Europea normas estrictas que obliguen a las plataformas de alquileres turísticos a cooperar con los ayuntamientos
“Alquileres más caros, erosión de las ciudades y daño a las viviendas sociales”. Son algunas de las conclusiones del informe Fallos de las plataformas, elaborado por Murray Cox, de Inside Airbnb, y Kenneth Haar, del Corporate Europe Observatory, y editado por el grupo de la Eurocámara La Izquierda (GUE/NGL). El informe examina los acuerdos de Airbnb con capitales europeas –Barcelona, Berlín, Ámsterdam, París, Praga y Viena–, y muestra cómo la facilidad con la que los anfitriones de apartamentos turísticos obtienen beneficios ha entrelazado peligrosamente los mercados de turismo y vivienda, creando hoteles y hostales virtuales de tiempo completo a partir de viviendas residenciales y sociales”.
El estudio explica que Airbnb y plataformas similares “han presionado para que no existieran reglas, ignoraron las regulaciones, rechazaron reclamaciones y negociaciones, demandaron a las ciudades en los tribunales y, lo que es más importante, protegieron sus datos y la identidad de sus anfitriones y la ubicación de los apartamentos turísticos, muchos de los cuales eran ilegales”.
En definitiva, el informe relata “cómo las plataformas apartamentos turísticos no cooperan con las ciudades, al ignorar o bloquear las regulaciones, amenazar y participar en litigios excesivos, retener datos y proteger conscientemente la actividad ilegal. Y cómo las ciudades están respondiendo con regulaciones y cómo, en la UE, la Ley de Servicios Digitales podría garantizar que las ciudades puedan evitar los ataques a sus recursos sociales más valiosos tanto online como offline”.
“Airbnb y plataformas similares de apartamentos turísticos han aumentado los alquileres, perjudicado a las comunidades urbanas y devastado los programas de viviendas sociales asequibles. Esto no puede continuar. Necesitamos que la UE apoye a las ciudades de toda Europa a hacer frente a esta disrrupción mediante la aplicación de normas estrictas para obligar a estas empresas a cooperar adecuadamente con los ayuntamientos. La vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager debe presentar propuestas para lograrlo en la próxima Ley de Servicios Digitales”, ha afirmado el copresidente de La Izquierda (GUE/NGL), Martin Schirdewan, quien ha organizado webinar el pasado miércoles para comentar las principales claves del informe con los autores.
Según los datos de la investigación, el impacto de los apartamentos turísticos en el mercado de la vivienda “es real y está probado”. En Amsterdam, “1 de cada 9 viviendas se alquilan con Airbnb en algunos barrios”; en Barcelona, los nuevos alquileres “han aumentado un 19% a partir de la presencia de Airbnb (incluso después de controlar la gentrificación)”; en la ciudad de Nueva York, “15.000 apartamentos han salido del mercado de la vivienda y sus inquilinos pagaron 509 millones de euros en 2016 por Airbnb”; en París se calcula que son entre “15.000 y 25.000 los apartamentos retirados del parque de viviendas”; y en Praga, 15.000.
“La combinación del mercado de la vivienda y el turismo da como resultado un uso comercial masivo, con muy pocas viviendas compartidas”, sostiene el informe: “En Amsterdam, el 87% de los ingresos son comerciales, con alquileres de apartamentos turísticos y con cartera de propiedades; en Barcelona, el 75% de los anuncios es de uso comercial de Airbnb; y en Praga más de la mitad de los apartamentos que figuran en Airbnb son de propietarios con más de un apartamento”.
De acuerdo con la investigación, las plataformas se niegan a cooperar con las ciudades, lo cual alimenta que haya anuncios ilegales: “En Amsterdam, Airbnb anuló la posibilidad de hacer cumplir el límite de 60 días al año que un propietario podía ceder su casa; en París, el 60% de los anuncios de Airbnb son ilegales; en Nueva York, el 85%; y en Viena, Airbnb se niega a eliminar anuncios de viviendas sociales”.
El estudio afirma que “las plataformas quieren aparentar estar cooperando y ser reguladas para apaciguar a sus inversores y reducir la probabilidad de una mayor regulación, pero fallan sistemáticamente a la hora de verificar las identidades y ubicaciones de los propietarios; se niegan a seguir las leyes locales, como mostrar números de registro o eliminar listados ilegales; amenazan con acciones legales ante nuevas regulaciones y presentan demandas abusivas; se niegan a proporcionar datos para su cumplimiento; no revelan la actividad de los impuestos recaudados; usan la fiscalidad para evitar regulaciones de vivienda; ofrecen negociaciones, que siempre fracasan, para evitar las regulaciones; rompen acuerdos negociados en represalia; proponen regulaciones ineficaces para bloquear mejores regulaciones…” Para los autores del informe, las tres regulaciones esenciales serían: “Un sistema de registro obligatorio; la responsabilidad de la plataforma y la divulgación de datos de la plataforma”.
En los próximos días, la Comisión Europea presentará una propuesta para actualizar la directiva de comercio electrónico en forma de Ley de Servicios Digitales. “¿Qué se necesita de una Ley de Servicios Digitales para hacer frente al impacto en la vivienda asequible de las plataformas de alquiler a corto plazo?”, se preguntan los autores: “Para lograr el máximo margen de maniobra, la mejor opción es que las plataformas de alquiler a corto plazo queden excluidas de la Ley de Servicios Digitales, al igual que Uber tras las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2017. Si las plataformas de alquiler a corto plazo se van a incluir en la Ley de Servicios Digitales, hay cinco elementos que son necesarios para las ciudades: acceso a los datos; obligación de facilitar datos válidos; aceptación de esquemas de autorización tanto para anfitriones como para plataformas; responsabilidad total donde operan las plataformas; que no haya obstrucciones por parte de la Comisión Europea”.
Según el estudio, “la pandemia ha reducido la actividad de alquiler a corto plazo, pero no ha devuelto las unidades de vivienda perdidas a alquileres a largo plazo. Se necesita una regulación y aplicación continuas para incentivar el regreso de los alquileres a corto plazo a los residentes a largo plazo durante y después del COVID-19”.
