El curso escolar, que empezará en la mayor parte del país entre el 8 y 12 de septiembre, supondrá un esfuerzo de adaptación de profesores y alumnos a los cambios derivados de la última reforma educativa, no exentos de polémica, y a las nuevas leyes de Protección a la Infancia y Formación Profesional.
Uno de los quebraderos de cabeza para los más de 700.000 profesores de enseñanzas no universitarias será implantar los currículos aprobados a principios de año -lo que se aprende en las aulas y el modo de hacerlo- en 1º, 3º, 5º de Primaria; 1º y 3º de Secundaria, 1º de Bachillerato y FP. El curso 2023-2024 será el turno del resto de cursos y de la nueva prueba de acceso a la universidad.
Se trata de pasar del mero conocimiento enciclopédico al competencial, sin olvidar los contenidos. Ha sido uno de los aspectos que más polémica ha generado entre algunos grupos políticos y asociaciones de padres y madres de alumnos por entender que las nuevas reglas suponen atentar contra la cultura del esfuerzo, a la par que adoctrinar a los niños a través de los nuevos contenidos que ha introducido la ley Celaá.
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Sindicatos, profesores y editoriales de libros de texto también se han quejado de la incertidumbre que planea sobre este curso debido a los retrasos en la publicación de los reales decretos que regulan los currículos, tanto por parte del Ministerio de Educación como de las comunidades autónomas que deben completar los mínimos regulados por Educación.
De hecho, hay muchos profesores que no han prescrito los libros en junio y están esperando a este mes, mientras que las editoriales se han visto obligadas a trabajar con los borradores enviados por las consejerías de educación.
En estos momentos, ocho comunidades tienen aprobados todos sus decretos autonómicos (Baleares, Extremadura, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Valencia y La Rioja); siete no han aprobado ninguno (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Murcia y País Vasco), y el resto solo han publicado algunos de sus decretos, según la patronal de los libros de texto (Anele).
A continuación, los cambios principales a los que obligó a finales del año pasado la Ley Celaá y algunas de las que se estrenarán este curso, que van desde la forma de pasar de curso y de evaluar, a impartir nuevas asignaturas y optativas, y aplicar una metodología distinta de enseñar y aprender:
Bachillerato
Se permitirá pasar de 1º a 2º con dos suspensos y obtener el título con una pendiente; la etapa podrá cursarse en tres años en circunstancias especiales (por ejemplo deportistas de élite) y se mantienen los exámenes de recuperación (en la ESO se han eliminado este curso).
