El Gobierno ha anunciado una subida del 2,8 % en las pensiones para 2025, una medida presentada como un avance en «justicia social», según palabras de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Este incremento, calculado en base a la media del IPC del último año, supondrá un coste adicional de 7.296,8 millones de euros que será asumido por los contribuyentes.
La ministra ha destacado que este ajuste permitirá a los jubilados disfrutar de una subida media de 600 euros anuales, beneficiando a más de 9 millones de pensionistas. Sin embargo, detrás de este anuncio se esconde un impacto fiscal significativo y nuevos ajustes económicos que afectan tanto a los jubilados como a los trabajadores y empresas.
El impacto del IRPF en las pensiones revalorizadas
Aunque el aumento de las pensiones parece una medida positiva, Hacienda retendrá una parte significativa de este incremento a través del IRPF, especialmente para los pensionistas con ingresos medios y altos. Según datos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el porcentaje real que llega al bolsillo del jubilado puede reducirse drásticamente tras el ajuste fiscal.
Por ejemplo, un jubilado con una pensión de 16.320,53 euros al año verá un aumento de 444,53 euros en 2025. Sin embargo, el Estado se quedará con 191,15 euros de este incremento, dejando al beneficiario con 253,38 euros netos, menos del 60 % del aumento.
Este impacto es aún mayor para pensiones más altas, como las de 20.560 euros o 24.672 euros, donde la mitad de la subida puede quedar retenida por Hacienda, según las proyecciones.
Subida de cotizaciones: más presión para trabajadores y empresas
Para sostener este incremento en las pensiones y enfrentar el creciente número de jubilados, el Gobierno ha activado nuevas medidas de financiación que afectan a la economía productiva.
Desde el 1 de enero de 2025, entra en vigor el aumento de las cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este mecanismo, que se estrenó en 2023, incrementará las cotizaciones en un 0,80 % (0,67 % a cargo de la empresa y 0,13 % del trabajador).
Además, en 2025 se implementarán nuevos ajustes que afectarán especialmente a los salarios más altos, como parte de un esfuerzo por aumentar la recaudación de la Seguridad Social.
¿Es sostenible el sistema?
Pese a estas medidas, la hucha de las pensiones sigue siendo insuficiente para cubrir el creciente gasto en prestaciones, exacerbado por el envejecimiento de la población y el aumento de las pensiones medias. Actualmente, el Estado ya financia un cuarto del gasto total en pensiones mediante transferencias de los Presupuestos Generales, lo que evidencia la dependencia del sistema de recursos fiscales adicionales.
Implicaciones para la economía
La subida de pensiones, aunque positiva para los beneficiarios, genera un impacto económico significativo:
- Mayor presión fiscal: Los trabajadores y empresas asumen un coste adicional mediante el MEI y las subidas de cotizaciones.
- Carga sobre los ingresos públicos: El aumento del gasto en pensiones se financia parcialmente con transferencias estatales, agravando el déficit público.
- Desincentivo al ahorro privado: Las medidas fiscales sobre las pensiones y los salarios altos pueden reducir la capacidad de los ciudadanos para planificar su jubilación de forma independiente.
La revalorización de las pensiones en 2025 es un alivio para muchos jubilados, pero su sostenibilidad a largo plazo plantea desafíos importantes. Mientras Hacienda retiene una parte significativa del incremento, los trabajadores y empresas cargan con el peso de financiar un sistema que depende cada vez más de transferencias estatales.
El aumento de las pensiones es una medida necesaria para ajustar el poder adquisitivo de los jubilados, pero las soluciones a largo plazo para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones requerirán reformas estructurales que equilibren las necesidades de los jubilados con las capacidades del sistema económico.
