El órgano de nueva creación está presidido por el delegado del Gobierno y en él participan miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la incorporación puntual de otras administraciones y organismos
La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha creado la Comisión Regional Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, que tiene entre sus cometidos analizar la situación del problema en el conjunto de territorio castellanomanchego, planificar actuaciones de choque y seguir su evolución.
Se trata de un grupo de trabajo que preside el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierrraseca, y en el que estarán integrados de forma permanente miembros de la Delegación del Gobierno, de las bubdelegaciones en las distintas provincias y mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
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De forma puntual, serán incorporadas otras administraciones, organismos e instituciones con el fin de ejecutar acciones coordinadas sobre el terreno, ha informado este miércoles en una nota de prensa la Delegación del Gobierno.
Tierraseca ha explicado que el problema de las ocupaciones ilegales tiene una incidencia desigual en Castilla-La Mancha y ha subrayado que «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad siempre han estado combatiéndolo e intentando atajarlo, especialmente en todos aquellos casos en los que la ocupación lleva aparejada una actividad delictiva».
El delegado del Gobierno ha comentado que «eso no es novedad, pero sí lo es el hecho de que por primera vez se cree un órgano de estas características en el seno de la Delegación del Gobierno, por lo que agradezco la enorme implicación de Policía y Guardia Civil».
La Delegación del Gobierno ha indicado que en la primera reunión de la Comisión se ha anunciado la incorporación de planes operativos específicos en la comunidad autónoma, la elaboración de un mapa que recoja los inmuebles ocupados en la actualidad y sus características y el refuerzo de las investigaciones policiales contra los grupos organizados que actúan como mediadores.
También se ha adelantado la mejora de los mecanismos de coordinación tanto con policías locales, mediante de la convocatoria de juntas de seguridad temáticas en los municipios afectados, como con administraciones competentes en materia de servicios sociales.
Asimismo, se ha analizado en profundidad el contenido de las instrucciones publicadas recientemente tanto por parte de la Fiscalía General del Estado como por parte del Ministerio del Interior, y que según Tierraseca «nos permiten avanzar decisivamente en la unificación de criterios policiales y que nos dotan de una mayor agilidad y mejor respuesta ante los casos de ocupaciones».
En ese sentido, ha destacado que una de las cuestiones principales que recoge la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad es que ante los allanamientos de morada, la Policía Nacional y la Guardia Civil «podrán proceder al desalojo inmediato sin necesidad de solicitar medidas».
Otra de las cuestiones en las que ha incidido Tierraseca es en que la instrucción del Ministerio del Interior subraya que tanto la primera como la segunda vivienda (cuando el morador ocupa el inmueble solo en determinadas épocas del año, como fines de semana o vacaciones) deben considerarse moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal.
Aunque ha insistido en que «es clave la denuncia» de los casos de ocupaciones ilegales y ha pedido la implicación y colaboración de las corporaciones locales y de la Administración autonómica.
Y también se ha referido a la aplicación ‘ALERTCOPS’, que va a permitir a los ciudadanos alertar de un caso «de una forma rápida y sencilla», gracias a una funcionalidad específica que se va a incluir para que afectados, propietarios, vecinos o cualquier otro usuario que detecte un caso de ocupación ilegal de inmuebles puedan poner de forma inmediata los hechos en conocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil.
