El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha expresado su preocupación sobre el futuro de las inversiones de la compañía en España, destacando la importancia de competir en igualdad de condiciones frente a sus competidores internacionales, especialmente en el contexto del gravamen extraordinario impuesto a las energéticas. Durante la presentación del Plan Estratégico 2024-2027, Imaz ha cuestionado la equidad de un sistema que, a su juicio, favorece a empresas que no invierten en España y penaliza a las que sí apuestan por la creación de empleo y la inversión industrial en el país.
Un Entorno Fiscal Desafiante
La situación actual, marcada por el gravamen extraordinario, ha sido objeto de crítica por parte de Imaz, quien ha señalado que esta medida discrimina a las empresas que contribuyen al desarrollo industrial y la creación de empleo en España. La Comisión Europea y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han reconocido la necesidad de replantear estos impuestos para no comprometer las inversiones necesarias en el sector energético, especialmente aquellas orientadas hacia la descarbonización y la sostenibilidad.
Inversiones en la Península Ibérica
Repsol tiene previsto destinar casi el 60% de sus inversiones netas totales, estimadas entre 16.000 y 19.000 millones de euros para el período 2024-2027, a proyectos en la península Ibérica. Sin embargo, la toma de decisiones se abordará con cautela, evaluando la estabilidad regulatoria y fiscal antes de proceder. Imaz enfatizó la necesidad de establecer un marco que permita a Repsol competir en igualdad de condiciones con sus rivales europeos.
Recursos contra el Gravamen Extraordinario
Repsol mantiene su postura crítica frente al gravamen extraordinario, considerándolo no solo discriminatorio sino también cuestionable desde el punto de vista legal y constitucional. La compañía continuará recurriendo cualquier impuesto que perciba como injusto, defendiendo su derecho a competir de manera justa en el mercado.
