A seis meses de que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) y tras intensificar las negociaciones para lograr un acuerdo comercial con el bloque común, el Gobierno británico ha retomado los preparativos del Brexit con la construcción de instalaciones que permitan realizar controles aduaneros.
El Ejecutivo de Boris Johnson ha anunciado este domingo un paquete de financiación por valor de 705 millones de libras (788 millones de euros) que se destinarán a poner en marcha puestos de control fronterizo en Portsmouth (sur de Inglaterra) y Holyhead (noroeste de Gales), una vez el país abandone el mercado común y la unión aduanera el 1 de enero de 2021.
De este presupuesto, 470 millones servirán para construir infraestructura portuaria y terrestre , y los 235 millones restantes se invertirán en sistemas tecnológicos y personal, lo que podría incluir la contratación de unos 500 trabajadores.
Evitar la congestión de Dover
El objetivo es aliviar la sobrecarga del puerto de Dover, la principal vía de entrada y salida para las mercancías de la UE, y contar con los mecanismos suficientes para realizar los controles adicionales que se requerirán una vez termine el periodo de transición el próximo 31 de diciembre y el Reino Unido quede definitivamente fuera de todas las estructuras comunitarias.
Según el diario The Guardian, el Gobierno ha adquirido en secreto 11 hectáreas de terrenos, situados a 32 kilómetros de Dover, para poder albergar a los 10.000 camiones que diariamente pasan por el puerto inglés de Kent llegados desde la ciudad francesa de Calais. Las obras en este espacio, conocido como MOJO, se iniciarán este lunes, cuando también se prevé que se conozcan más detalles sobre el nuevo sistema de inmigración por puntos que entrará en vigor el año que viene.
Antes la postura de los partidos de la oposición que han criticado el coste que supondrá la reimposición de fronteras y que a tan solo seis meses de la separación no existan las infraestructuras necesarias, el ministro del Gabinete, Michael Gove, afirmó este domingo que el Gobierno «ha estado sentando las bases» de este proyecto «durante meses».
«Con o sin un acuerdo adicional con la UE, estos 705 millones asegurarán que la infraestructura necesaria y el personal técnico y fronterizo estén en su lugar»
Reino Unido abandonó la UE el pasado 31 de enero, tras lo que se inició el actual período transitorio que finaliza el 1 de enero, cuando se reimplantarán las fronteras tras 27 años de libertad circulatoria de bienes y personas a los dos lados del Canal de la Mancha.
«Con o sin un acuerdo adicional con la UE, estos 705 millones asegurarán que la infraestructura necesaria y el personal técnico y fronterizo estén en su lugar para que nuestros comerciantes y la industria fronteriza puedan gestionar los cambios y aprovechar las oportunidades mientras sentamos las bases para la frontera más efectiva y segura del mundo», declaró Gove en varias entrevistas televisivas.
Los planes para reforzar las fronteras británicas exteriores incluyen a las regiones de Inglaterra, Escocia y Gales, si bien Gove indicó que «a finales de mes», el Ejecutivo detallará cuáles serán las medidas específicas que se implantarán en Irlanda del Norte, donde los acuerdos del Viernes Santo impiden que se erija una frontera entre la provincia británica y la República de Irlanda.
Controles parciales
En lugar de unos controles aduaneros completos, el Gobierno británico introducirá, a partir de enero y hasta julio de 2021, un régimen temporal más ligero en los puertos del país para los productos que entren de la UE, ya sea en un escenario con o sin acuerdo.
Esta estrategia ha levantado suspicacias en el seno del Ejecutivo acerca de cómo de preparados están los puertos ante la posibilidad de que se produzcan congestiones en el sur de Inglaterra.
En una carta interna publicada por la prensa local, la ministra de Comercio Internacional, Liz Truss, expresó su preocupación, al advertir de que no imponer controles fronterizos completos hasta julio puede aumentar el contrabando, generar acciones legales por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) e incluso debilitar la unión entre Irlanda del Norte y el resto del país.
«Necesitamos garantías de que podremos tener el total control de los puertos en julio de 2021 y de que se hará todo lo posible por mitigar el riesgo de que las mercancías escapen al control», señaló Truss en la misiva dirigida al ministro de Economía, Rishi Sunak.
Este paquete de financiación se adelanta al lanzamiento de una nueva campaña informativa en la que se facilitará información a los comerciantes y transportistas acerca de los procedimientos que deben emprender de cara al fin del periodo transitorio.
Sin visos de una extensión
Debido a la pandemia de covid-19, que ha retrasado los preparativos para el Brexit, existe el temor de que el Gobierno no pueda contratar a tiempo a los 50.000 agentes de aduanas adicionales que se calcula que serán necesarios para ejercer los controles.
Pese a la cercanía de la fecha definitiva para el «divorcio», Johnson ha descartado la posibilidad de solicitar a Bruselas una extensión del periodo de transición, como ofreció el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, si bien ambas partes han acordado intensificar las conversaciones para lograr un pacto antes de que termine el año.
Se trata de un último impulso que llega tras cuatro meses de negociaciones técnicas infructuosas y con un calendario muy ajustado ante la negativa del Gobierno británico a extender los plazos. Gove afirmó hoy que se están haciendo «progresos» para consensuar un tratado comercial con la UE, pero precisó que las «diferencias» aún persisten.
Los equipos negociadores mantendrán hasta el 27 de julio las negociaciones entre Londres y Bruselas y se espera que inicien una nueva ronda en la capital belga del 17 al 21 de agosto, en las que se incida en las cuestiones más controvertidas.
Estas son el acceso a las aguas pesqueras del Reino Unido; el level playing field (campo de juego en igualdad de condiciones), que se refiere a las normas y estándares que la UE espera que sigan las empresas británicas para que no operen con ventajas competitivas, y el deseo de Bruselas de atar todos los aspectos de la futura relación entre Londres y Bruselas en una única ley.