La proposición planteaba nuevos delitos, como el enriquecimiento ilícito no justificado de los políticos y sanciones de hasta 400.000 euros para los que persigan a los que denuncien la corrupción
El PSOE y Unidas Podemos han forzado hoy el rechazo del Pleno del Congreso a la toma en consideración de un proyecto de ley anticorrupción presentado por Ciudadanos que pretendía blindar a los denunciantes por corrupción y proponía medidas como la prohibición de los indultos a los políticos condenados por estos delitos. Los socialistas, Unidas Podemos y todos sus socios nacionalistas han rechazado la iniciativa con duras críticas al partido que preside Inés Arrimadas, tildándolo de «oportunista».
La norma de Ciudadanos planteaba reformas en leyes orgánicas como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras, para blindar y proteger a los funcionarios o trabajadores del sector público que denuncien prácticas corruptas, prohibir los indultos para los condenados por corrupción o introducir nuevos tipos penales, como el enriquecimiento ilícito.
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Tanto la portavoz del PSOE como la de Podemos han rechazado la propuesta por entenderla «desfasada». Y han instado a Cs a apoyar la norma que han dicho que tiene previsto impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez. Los de Podemos han echado además en cara a la formación liberal que dice luchar contra la corrupción, pero rechaza investigar al Rey Juan Carlos en el Congreso, como también han rechazado los letrados.
La toma en consideración de la proposición sólo ha contado con 159 votos a favor, los del PP, Vox, Cs y Más País. En contra ha tenido a 178 diputados (PSOE, Unidas Podemos y todos los nacionalistas). Además, ha contado con 11 abstenciones.
En 2017, el Congreso sí inició la tramitación de una proposición muy similar también de Ciudadanos. Sin embargo y como explica el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, el PPy el PSOE bloquearon la norma con la excusa de que su objeto era demasiado amplio. Por eso ahora, Cs había limado aspectos que no eran nucleares de la propuesta y la había centrado en las medidas en las que básicamente estaban de acuerdo los grandes partidos, que hace dos años apostaron por dejar la norma en el limbo de la Cámara Baja.
Entre las novedades que ahora incluía la propuesta están la creación del Estatuto de Protección del Denunciante, que transpone una directiva europea. Cs propone que se cree una autoridad administrativa Independiente con un fuerte régimen sancionador administrativo para los casos en los que se incumplan las normas de protección del denunciante.
Para ello, a aquellos trabajadores del sector público -o los contratistas que trabajen con él- que denuncien supuestas prácticas corruptas se les garantizaría el derecho a la confidencialidad y a la indemnidad en su puesto de trabajo.
Asimismo, tendrían derecho a recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, a disfrutar de asesoramiento legal y a ser indemnizados por los daños que puedan sufrir por haber denunciado.
La nueva autoridad tendría plena independencia orgánica y funcional del Gobierno. También supervisaría que las autoridades y el personal del sector público estatal cumplen sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y buen gobierno. Y podría realizar investigaciones -con las cuales será obligatorio colaborar- e imponer sanciones.
La proposición de ley enumera una serie de infracciones y las clasifica como «leves», «graves» o «muy graves». Entre estas últimas, están el quebrantamiento de las medidas de protección de los denunciantes y cualquier represalia que se aplique contra ellos como despedirlos, degradarlos, cambiarles de puesto, bajarles el sueldo, sancionarlos, coaccionarlos o darles un trato desfavorable.
Las infracciones leves se castigarían con una amonestación o con una multa de entre 200 y 5.000 euros; las graves, con una multa de entre 5.001 y 30.000 euros; y las muy graves, con una multa de entre 30.001 y 400.000 euros.
