Por otra parte, el PP considera ‘vergonzosos’ los PGE en materia despoblación y reto demográfico.
El PP ha anunciado que presentará mociones contra la Ley Celaá en todos los municipios de España donde gobiernan, así como en las diputaciones y en los Parlamentos regionales, como el de Castilla-La Mancha, donde concretamente se presentará una Proposición No de Ley (PNL) instando al conjunto de los diputados autonómicos que representan la voluntad popular de los castellano-manchegos a posicionarse en contra de esta norma.
Así lo han anunciado este viernes en Toledo el vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, y en Guadalajara, el presidente regional del PP castellano-manchego, Paco Núñez.
Terol, acompañado por la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, y la portavoz para el Reto Demográfico del PP en el Congreso y secretaria Nacional de Sostenibilidad, Carmen Navarro, ha avanzado el Partido Popular presentará mociones en los 2.861 municipios donde gobiernan y también en los 919 de Castilla-La Mancha, «gobiernen o no», en las diputaciones y en el Parlamento regional «para exigir que el PSOE de Castilla-La Mancha se posicione y diga si o no al castellano y si o no a la libertad de los padres de educar a sus hijos».
En este punto, ha señalado que el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, tendrá que decir «sí o no» a esta ley y, por lo tanto, «tendrá que decidir entre si o no a la destrucción del sistema educativo, no sólo en Castilla-La Mancha, sino en el conjunto de España».
Además, ha indicado que desde los gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular tratarán de frenar los aspectos más «lesivos» de la Ley Celaá, que consideran «lesiva y sectaria», a través de los decretos y órdenes de las Consejerías de Educación.
También ha asegurado que recurrirán la nueva ley educativa al Tribunal Constitucional y secundarán las manifestaciones y concentraciones que se van a realizar «para decir no a la ley Celaá, para decir no a la Ley Sanchez-Iglesias, no a la ley ideológica que quiere acabar con la libertad de elección de centro educativo y con el castellano como lengua vehicular».
Según Terol, desde el Partido Popular quieren continuar garantizando que los ayuntamientos puedan sacar a concurso público suelo para que se puedan construir colegios concertados, así como blindar la educación publica con la construcción de nuevos colegios públicos y reforzar la educación especial.
Por su parte, el presidente del PP en Castilla-La Mancha ha explicado en Guadalajara, donde se ha reunido con los parlamentarios nacionales por esta provincia José Ignacio Echániz, Antonio Román y José Luis González Lamola, que la PNL que presentarán en las Cortes castellano-manchegas se suma a la oposición que ya han mostrado los diputados nacionales del PP o “miles de personas” en las manifestaciones contra esta ley que se están celebrando en todo el país.
Núñez ha asegurado que el PP cree en la libertad de elección de los padres para educar a sus hijos, en la capacidad del mérito y del esfuerzo, en mejorar la calidad de la educación, en defender la educación especial y la concertada y “trabajamos para defender el español como lengua vehicular del Estado en materia educativa”, ha subrayado.
A juicio del líder del PP en la región, uno de los elementos que “más daño” va a hacer al futuro inmediato de España es esta Ley de Educación, que ayer los 9 diputados del PSOE de Castilla-La Mancha podían “haber evitado” con su voto en contra, ha dicho.
Y refiriéndose al pleno celebrado este jueves en las Cortes Regionales, ha recordado que un diputado socialista dijo que “se puede ser patriota de boquilla o patriota de actos”, lo que ha aprovechado para calificar a Emiliano García-Page como patriota “de boquilla”, ya que tras sus declaraciones contra los pactos con Bildu, «finalmente ayer votó aquí en contra de la propuesta de resolución del PP, en la que pedíamos posicionarnos en contra de los acuerdos con Bildu o con ERC” o en contra de que el español no sea lengua vehicular en materia educativa.
DESPOBLACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO
Por otra parte, la portavoz para el Reto Demográfico del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y secretaria nacional de Sostenibilidad de esta formación, Carmen Navarro, ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son «vergonzosos» en materia de despoblación y de reto demográfico.
La portavoz del Reto Demográfico del PP ha lamentado que «una de las lineas más importantes de esta legislatura», como es el Reto Demográfico, haya contado en los PGE con «tan solo 17 millones de euros y dos millones en estructura, en sillones».
Navarro ha explicado que el PP ha enmendado las cuentas nacionales con una enmienda de supresión a la Secretaria General de Reto Demográfico y también a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por «haberse olvidado de una de sus mayores responsabilidades».
Y ha puntualizado: «enmendamos que, a pesar de haberse llevado la mayor parte del pastel de los fondos de reconstrucción, más de 6.000 millones de euros, ha olvidado el Reto Demográfico».
En este sentido ha explicado que el Partido Popular ha propuesto que el Fondo de Recuperación Ecológica y Resiliencia, de 1.400 millones de euros, sea un fondo vinculado a los pequeños municipios que sufren la despoblación, y para «atajar uno de los principales problemas que sufre España, que es abordar la cohesión territorial».
La responsable de Sostenibilidad del PP ha indicado que el Partido Popular ha presentado enmiendas por valor de más de 354 millones de euros para destinarlos a programas de rehabilitación y fomento y soluciones habitacionales en el medio rural para municipios de menos de 5.000 habitantes y que han planteado también «dar solución a uno de las principales características que prima y liga a nuestros pueblos y nuestros vecinos, como es la caza».
En este sentido, el vicesecretario nacional de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha señalado que han planteado una enmienda para que se pueda continuar cazando en todos los parques naturales y, para ello, se prorrogue la moratoria que finaliza este 5 de diciembre, durante otros tres años, para mantener la actividad cinegética.
Por último, Navarro ha precisado que, en la sección de servicios sociales, han presentado enmiendas por importe de 100 millones de euros, para mejorar la atención y el cuidado de los mayores en los municipios pequeños, sobre todo, los que han sido más azotados por la pandemia.