La decisión del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de firmar un acuerdo con Desokupa para la formación en defensa personal de 30,000 agentes ha suscitado una intensa polémica en España. El partido Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición, ha instado al Ministerio del Interior a ilegalizar la plataforma Desokupa, argumentando que sus prácticas pueden ser consideradas parapoliciales y que contravienen los valores democráticos.
Ilegalización de Desokupa
Sumar ha apelado al artículo 22 de la Constitución Española para pedir la ilegalización de Desokupa, calificando a la organización de paramilitar y acusándola de promover el matonismo parapolicial. Esta solicitud se produce tras las declaraciones de Daniel Esteve, dueño de Desokupa, que han sido percibidas como agresivas y contrarias a los principios democráticos. Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar, y otros miembros del partido, como Íñigo Errejón y Gerardo Pisarello, han manifestado su preocupación por la influencia ultraderechista en las fuerzas de seguridad.
Respuesta del Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha indicado que estudiará la posible impugnación del convenio con Desokupa, evaluando si infringe los valores democráticos. Esta decisión llega en un momento en que el gobierno se enfrenta a críticas por no actuar decisivamente contra la infiltración de ideologías extremistas en las instituciones estatales.
Clarificaciones del SUP
En respuesta a las críticas, el SUP ha aclarado que el acuerdo con Desokupa es puramente extracurricular y se limita al ámbito personal de los afiliados. El sindicato ha intentado distanciarse de cualquier connotación negativa asociada con Desokupa, asegurando que la formación oficial en la Policía Nacional sigue estando a cargo de la Dirección General de la Policía y que este acuerdo no busca reemplazar la formación profesional proporcionada por la institución.
Impacto y Reacciones
El convenio ha generado un amplio debate sobre la adecuación de las asociaciones entre los cuerpos de seguridad del Estado y organizaciones privadas, especialmente aquellas con fuertes connotaciones ideológicas. La reacción de Sumar subraya una creciente preocupación sobre la neutralidad y la integridad de las fuerzas policiales, en un contexto de polarización política creciente en España.
El caso entre el SUP y Desokupa destaca la complejidad de las interacciones entre las fuerzas de seguridad y las entidades privadas en un ambiente político tenso. Mientras el Ministerio del Interior evalúa sus próximos pasos, los partidos políticos y la sociedad civil continuarán vigilando de cerca para asegurar que las prácticas de las fuerzas de seguridad se alineen con los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.