El Gobierno prorrogará hasta el 31 de octubre el ‘escudo social’, que incluye medidas como la suspensión de los desahucios, la ampliación de los alquileres y la prohibición del corte de suministros básicos a los consumidores vulnerables, aprobadas en un contexto marcado por la pandemia. Así lo ha anunciado este jueves Pedro Sánchez durante su balance del curso político.
La prórroga del escudo social será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, el último antes del periodo vacacional, y ha sido acordada en un trabajo conjunto y coordinado entre todos los ministerios implicados, ha explicado el jefe del Ejecutivo.
En concreto, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 8/2021 que expiraban el 9 de agosto para garantizar la protección social de todos los ciudadanas.
Podemos pidió ampliarlo hasta el 31 de diciembre
Un trabajo que ha culminado con las conversaciones entre el Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños y el de Derechos Sociales y Agenda 2030 que encabeza Ione Belarra.
Desde el Ministerio de Derechos Sociales, su titular Ione Belarra, había pedido la ampliación de esas medidas hasta el 31 de diciembre porque la ministra de Podemos defendía que eran necesarias «en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia» pero, por el momento, llegará hasta el 31 de octubre.
Decreto antideshaucios
Respecto al ‘decreto antidesahucios’ el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, barajaba varias opciones, según aseguró su nueva titular, Raquel Sánchez, la de presentar un nuevo decreto para proteger de «manera estructural» anunciado por su predecesor en una comparecencia parlamentaria o la prórroga que se ha acordado.
Con esta decisión se amplía hasta esa fecha la prohibición de los procedimientos de desahucio en personas en situación de vulnerabilidad económica.
Además, se mantiene la posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago del alquiler de vivienda habitual a las familias en situación de vulnerabilidad siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores de viviendas (diez o más).
Asimismo, se amplía el plazo para pedir una moratoria de tres meses en el pago de hipotecas y créditos.