No está siendo un verano tranquilo para Pedro Sánchez. Ahora el presidente del Gobierno mira desde la distancia, pues está pasando una semana de vacaciones, pero sigue siendo el blanco de muchas críticas. Además, los reproches llegan desde varios frentes. La oposición no es la única que carga contra la gestión del Ejecutivo, pues también lo hacen las comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, tanto desde el punto de vista sanitario como económico.
Una de las mechas fue el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP por el cual se daba acceso al Ejecutivo a los remanentes y superávit de las corporaciones locales. Ante eso, alcaldes de ocho partidos distintos se opusieron al pacto liderados por el regidor de Zaragoza, Jorge Azcón. El comunicado, de hecho, lo firmaron los alcaldes de Bilbao, Juan Mari Aburto Rique (PNV); de Cádiz, José María González Santos (Adelante Andalucía); de Granada, Luis Salvador García (Ciudadanos); de Lérida Miquel Pueyo (ERC) y de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), a los que se unieron los de Murcia, José Francisco Ballesta Germán (PP); de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG); de Reus, Carles Pellicer (Junts); de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza (Coalición Canaria), además del propio Azcón.
«Que esos ahorros no estén condicionados a gastarlos en lo que diga el Gobierno. Queremos que aquellos ayuntamientos que tienen remanentes, puedan gastarlo en los que necesiten y que no están incluidas dentro del decreto«, piden. De momento, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, se ha escudado en que «nadie presentó una alternativa» a pesar de que considera que el acuerdo es «mejorable».
Desde las comunidades autónomas las críticas tampoco cesan, en este caso especialmente centradas en la gestión de los rebrotes de coronavirus, que siguen aumentando. Así, desde Madrid han acusado al director del CAAES, Fernando Simón, de actuar bajo criterios políticos. Esto llega después de un toma y daca entre ambas partes por el porcentaje de asintomáticos detectados y el baile de cifras (de un 30% a un 60%, pasando por un 7,6%). Simón ya avisó a este respecto que se iba a estudiar el caso de la Comunidad de Madrid.
Pero Sánchez tiene otra cita apuntada en su agenda, ya de cara a septiembre: la moción de censura que va a presentar Vox. En este sentido, Santiago Abascal cree que la situación económica y social de España empeorará el próximo otoño y los ciudadanos «no dudarán en pedir a sus políticos explicaciones por la gestión de la crisis del coronavirus». Lo harán con movilizaciones en la calle que, incluso, «podrían provocar la caída del Gobierno de coalición», tal como explicó en una entrevista en Europa Press.
Vox no podrá contar, en cambio, con los votos del PP. Pablo Casado ve la moción como una manera de «fortalecer» al Gobierno y no participará de ella. Abascal a pesar de ello sigue sin descartar el apoyo de los populares. «Creemos que de aquí a dentro de dos meses, con la situación social que va a vivir España, puede haber diputados socialistas que reflexionen sobre qué está antes, si su partido o España», aseguró, garantizando que Vox no será «una dificultad» en la negociación de esa moción de censura.
Santiago Abascal tampoco descarta que sea Vox quien convoque las protestas como ya hizo con la manifestación motorizada durante el estado de alarma, pero cree que no será necesario porque la sociedad «de manera autónoma» tendrá «la necesidad» de movilizarse frente al Ejecutivo. «Estoy seguro de que van a ser muchos españoles, de muchos sectores, sin ninguna necesidad de que Vox les empuje a la calle, los que van a salir a protestar este otoño«, insistió.
En este sentido, explica que su moción de censura solo es un instrumento para canalizar ese descontento, «sacar a Sánchez de Moncloa y convocar elecciones generales». Por ello, recalcó que él no tiene ningún interés de «protagonismo» y en no liderar esa alternativa si es necesario para llegar a un acuerdo con otros partidos.