En el marco del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado datos preocupantes sobre la solvencia familiar en España. A pesar de una leve mejoría observada, la adquisición de alimentos frescos sigue siendo una dificultad considerable para la mitad de las familias españolas, destacando la carne y el pescado como los productos más afectados por este fenómeno.
Un Lento Recuperación que No Alcanza los Niveles de 2018
El Índice de Solvencia Familiar de OCU, calculado a partir de una encuesta a 3.634 personas, muestra una ligera recuperación en la solvencia de las familias españolas, con un incremento del índice de 45,8 en 2022 a 46,0 en 2023. Sin embargo, este valor aún se sitúa por debajo del nivel registrado en 2018, evidenciando que la crisis económica continúa afectando el poder adquisitivo de los hogares.
Dificultades para Cubrir Gastos Esenciales
La encuesta revela que el 63% de los hogares en España enfrenta dificultades para cubrir gastos esenciales, un aumento respecto al año anterior. Por otro lado, se observa una disminución en el porcentaje de familias que experimentan graves dificultades económicas, pasando del 11% al 9%. A pesar de este dato positivo, el ahorro sigue siendo una tarea imposible para casi tres cuartas partes de las familias.
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Disparidades Geográficas en la Solvencia Familiar
Existen marcadas diferencias en la solvencia familiar entre las diversas comunidades autónomas. Mientras que Navarra y Aragón muestran los mayores niveles de solvencia, Cataluña, Madrid y Andalucía presentan las mayores dificultades. En particular, Cataluña y el País Vasco han experimentado un notable deterioro en su solvencia familiar en el último año.
Demandas de OCU al Gobierno
Ante esta situación, OCU insta al Gobierno a tomar medidas concretas para mitigar el impacto de la crisis en las familias españolas. Entre las propuestas destacan la reducción del IVA en carne y pescado, el incremento de las ayudas directas a consumidores vulnerables y la facilitación de acuerdos con entidades financieras para el pago de hipotecas. Estas acciones buscan aliviar la carga económica sobre las familias y asegurar el acceso a una alimentación saludable y a la vivienda.
