Castilla-La Mancha, una de las regiones más afectadas por la pobreza infantil en España, ha registrado alarmantes cifras en 2022. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, más de 120.000 menores vivían por debajo del umbral de pobreza en esta región. Esta situación ha llevado a la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla-La Mancha (POI-CLM) a proponer medidas urgentes para abordar esta creciente crisis.
Contexto Nacional y Regional
España ostenta el desafortunado título de ser el país de la Unión Europea con los niveles más altos de pobreza infantil. El 27,8% de los niños, niñas y adolescentes, es decir, 2,2 millones de menores de 18 años, viven con ingresos inferiores al umbral de pobreza. Los adolescentes de 13 a 17 años son el grupo más afectado por carencias materiales severas.
En el caso de Castilla-La Mancha, la región se posiciona como la quinta autonomía con la mayor tasa AROPE del país. A pesar de que la tendencia nacional ha sido de disminución, en esta región, el riesgo de pobreza y/o exclusión ha aumentado en más de 5 puntos en el último año.
Propuestas de la POI-CLM
Ante esta situación, la POI-CLM ha propuesto una serie de medidas:
- Renta Garantizada de Ciudadanía: Se sugiere mejorar esta renta para que llegue a más familias vulnerables. Es esencial ajustar el umbral de pobreza para incluir a más hogares en riesgo.
- Protocolos Transversales: Se debe trabajar en protocolos que involucren a diversos sectores, como los Servicios Sociales, educación y salud, para identificar a los menores en situación de riesgo.
- Red de Ayuda: Es vital establecer una red de apoyo que incluya a las administraciones públicas, entidades del tercer sector y la sociedad civil.
- Itinerarios de Inclusión: Se deben desarrollar rutas personalizadas de inclusión social y laboral, considerando las necesidades de conciliación familiar.
- Políticas Específicas: Es crucial implementar políticas que aborden las carencias materiales severas. Estas incluyen garantizar recursos básicos a las familias, universalizar las dotaciones económicas por hijo, mejorar las ayudas de emergencia, implementar becas de comedores escolares, facilitar el acceso a la educación pública para menores de 3 años y desarrollar estrategias de desarrollo rural y digitalización.