Malta ha dado hoy un paso histórico al legalizar el cultivo y consumo de cannabis para los mayores de 18 años. De esta forma, Malta se convierte en el primer país de la Unión Europea en dar este paso.
La Cámara de Representantes de Malta legalizó hoy el cultivo y consumo de cannabis con fines recreativos con los votos a favor del gobernante Partido Laborista.
El impulsor del proyecto de ley, Owen Bonnici, parlamentario y actual ministro de Igualdad, Investigación e Innovación, ha celebrado el histórico paso dado por el país. «Somos los que crean el cambio», aplaudió en sus redes.
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La ley fue aprobada con 36 votos del Partido Laborista del primer ministro Robert Abela y con 27 en contra de la oposición conservadora, el Partido Nacionalista.
La legislación deberá ahora ser ratificada por el presidente de la República maltesa, George Vella, doctor de profesión, aunque su firma se considera solo un formalismo.
Los detalles de la histórica ley aprobada en Malta
El texto aprobado hoy establece que los mayores de 18 años podrán poseer hasta 7 gramos de cannabis y de sus derivados psicoactivos, como el hachís, y podrán cultivar hasta cuatro plantas, conservando en casa hasta cincuenta gramos de la hoja de esta planta.
Además todo aquel que sea hallado con una cantidad entre 7 y 28 gramos de cannabis no enfrentará causas penales, sino solo una multa que oscilará entre los 50 y los 100 euros.
No obstante en Malta no se podrá consumir cannabis en público, siempre que no sea por razones médicas, y quien lo haga será multado con 235 euros, una cantidad que podrá aumentar a los 500 euros si se hace delante de menores de edad.
El cannabis se podrá consumir en casas privadas o en unos locales amparados por esta ley que funcionarán como asociaciones privadas sin ánimo de lucro, que además serán los únicos establecimientos que podrán vender esta droga.
Estas asociaciones, que no podrán exceder los quinientos miembros y serán gestionadas por personas «de buena conducta» comprobada, no podrán publicitar sus actividades y tampoco podrán tener sus sedes a una distancia menor de 250 metros de una escuela o centro juvenil.
El Gobierno y el Partido Laborista se ha encontrado con la férrea oposición de asociaciones católicas, que prevén un impacto negativo en la sociedad y una «normalización de la droga».
