Lula vuelve al ruedo en Brasil. Después de cuatro años del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, Lula da Silva le ha ganado por la mínimo y ha declarado que su primera prioridad será ayudar a los 100 millones de brasileños que viven en la pobreza. El mandatario, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, señaló que pretende reconquistar la “credibilidad” internacional para que los inversores, “nacionales y extranjeros”, “recuperen la confianza” en el país. “Para que dejen de ver a nuestro país como una fuente de lucro inmediato y depredador, y pasen a ser nuestros socios en la recuperación del crecimiento económico, con inclusión social y sostenibilidad ambiental”, completó el líder progresista, de 77 años.

Asimismo, remarcó que “luchará nuevamente por una nueva gobernanza global, con la inclusión de más países en el Consejo de Seguridad de la ONU y con el fin del derecho de veto, que perjudica el equilibrio entre las naciones”. “Estamos listos para volver a participar en el combate contra el hambre y la desigualdad en el mundo, y en los esfuerzos para la promoción de la paz entre los pueblos“, manifestó el antiguo sindicalista en un discurso que leyó al lado de sus aliados más próximos y de su esposa, la socióloga Rosângela da Silva.

Revertir la política de Bolsonaro

Estos buenos deseos deben confrontarse con una realidad muy dura que lastra el país, y es que 33 millones de brasileños pasan hambre y 100 millones son pobres, las cifras más altas de exclusión social en años. Los cuatro años de mandato de Bolsonaro han llevado a Brasil a convertirse en un paria internacional, especialmente por sus políticas en la Amazonía. “El presidente Bolsonaro fue un desastre para los Derechos Humanos, tanto en el país como en el extranjero”, ha afirmado Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “El presidente electo Lula debe comenzar a trabajar en un plan para revertir las políticas nocivas del presidente Bolsonaro en las áreas de seguridad pública, medio ambiente y derechos de las mujeres, LGBT e indígenas, entre otros, y comenzar a implementar ese plan tan pronto como sea posible”, ha declarado.

En este sentido, la ONG ha apuntado que Lula da Silva deberá reparar los daños inflingidos al sistema democrático y al estado de derecho y fortalecer la independencia judicial, rota por la decisión del presidente Bolsonaro de romper con la tradición por la que los fiscales de todo el país elegían a tres candidatos de los que se seleccionaba el fiscal general. “El fiscal general, que debería ser independiente, ha sido muy criticado por aparentar tomar decisiones a su favor y debilitar la lucha contra la corrupción”, critican en el comunicado. HRW también ha señalado la importancia de impulsar políticas para reducir la inseguridad alimentaria que ha aumentado en un 60% desde 2018, un año antes de la toma de posesión de Bolsonaro.

Protección de la Amazonía

“Debe revertir el daño causado a las agencias encargadas de proteger el medio ambiente y los derechos indígenas, y fortalecer la aplicación de la ley para luchar contra la destrucción de la Amazonia y las amenazas y ataques contra los defensores de los bosques. Su administración también debería aumentar la ambición del plan de acción climática de Brasil en línea con el Acuerdo de París“, han demandado en materia medioambiental.

El primer discurso de Lula ha ido en esta línea, aunque muchos creen que es demasiado ambicioso para ser cierto. Se ha comprometido a “acabar con el hambre” y acanzar en la lucha contra la violencia contra las mujeres así como enfrentar el racismo y la discriminación. Asimismo, se ha comprometido a retomar el seguimiento y la vigilancia de la Amazonia y luchar contra la deforestación, ya que considera posible generar riqueza sin destruir el medio ambiente. Además, ha manifestado que su gobierno tendrá un compromiso con los pueblos indígenas. Entre sus planes también están el aumentar el salario mínimo y fortalecer la infraestructura como el transporte público, la energía, viviendas, y el agua también se gestionarán como antes, con la financiación de los bancos estatales.