El sorteo extraordinario del Niño otorgará a Hacienda cerca de 19,5 millones de euros, siempre que se hayan vendido todos los décimos del primer y segundo premio, según la estimación realizada por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.

Los Técnicos de Hacienda han pedido que se vuelva al mínimo exento de 2.500 euros que estuvo vigente hasta mediados de 2018, pues consideran que «no tiene sentido no tributar por un juego de azar y sí por una prestación por desempleo», según recoge Europa Press.

El Ministerio de Hacienda solo grava los dos primeros premios de la Lotería del Niño, de 200.000 y 75.000 euros por décimo, respectivamente, mientras que por el tercer premio de 25.000 euros (y por los siguientes de menor importe) los afortunados no tienen que tributar.

Así, de los 700 millones de euros en premios que repartirá el sorteo del Niño en España, solo 137,5 millones estarán sujetos al gravamen de Hacienda. Las arcas públicas retendrán 32.000 euros de cada décimo del primer premio, y 7.000 del segundo, de forma que los afortunados recibirán un premio neto de 168.000 y 68.000 euros, respectivamente.

Los Técnicos de Hacienda han solicitado que el mínimo exento de los premios de Loterías y los sorteos de la ONCE y Cruz Roja, que desde 2020 es de 40.000 euros, vuelva a situarse en los 2.500 euros, límite que estuvo vigente en España entre 2013 y 2018.

Gestha ha recordado que los premios de loterías no ejercen ningún impacto sobre el IRPF de los beneficiarios ni les afectan para solicitar becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas. El sindicato considera así que «para acabar con el fraude fiscal no hay que aumentar las exenciones, sino combatir la evasión mediante mayores competencias y control».

Los Técnicos de Hacienda han insistido también en su petición de modificación de la ley para evitar que las empresas en pérdidas o parcialmente exentas no tributen, pues consideran que el cobro de premios por parte de compañías sigue disparado.

Sobre este asunto, Gestha ha calificado como un «paso decisivo» la aprobación de la ley de prevención del fraude, la cual obliga a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y a la ONCE a informar de todos los detalles legales de los beneficiarios de sus sorteos. Con esto, los premios recibidos por fundaciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro se redujeron a cero en 2021.

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