La vuelta al cole es uno de los asuntos más problemáticos de la segunda ola del coronavirus en España. Las comunidades autónomas se preparan para asumir el retorno de millones de niños a las aulas cuando la pandemia no está controlada. Ante tal tesitura, algunos padres han mostrado su intención de no llevar a sus hijos al colegio. Pero les puede salir caro.
Ascensión Martín, magistrada en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Murcia y portavoz nacional de Juezas y Jueces para la Democracia, explica en declaraciones a La Opinión de Murcia que «los padres tienen la obligación de llevar a sus hijos a recibir una educación». Por eso, aquellos que fomenten en absentismo escolar se enfrentan a penas de cárcel, multas y en el peor de los casos, a la pérdida de la patria potestad.
Es el Código Penal el que recoge el incumplimiento de la obligación de escolarizar a los niños conlleva prisión de tres a seis meses.
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La magistrada compara estos hechos con «cuando alguien no quiere que a su hijo le hagan una transfusión de sangre y un juez acuerda que sí».
Ascensión Martín dice no comprender a los padres que «ahora se rasgan las vestiduras y dicen que sus hijos no van al colegio cuando los niños se han pasado todo el verano en los parques, jugando con otros niños».
La magistrada añade que la educación «es mejor presencial». De ser solo virtual «la fractura sería horrible, dado que no todo el mundo tiene un iPad o internet o un padre que le explique Química».
