Los fiscales del Tribunal Supremo (TS) involucrados en el juicio del ‘procés’ han expresado su postura sobre la reciente ley de amnistía aprobada en el Congreso, marcando una distinción clara en la aplicación de la misma según el tipo de delito. En una reunión con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, los fiscales manifestaron que no respaldan la aplicación de la amnistía para delitos de malversación, pero la consideran viable para los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
Contexto del ‘Procés’ y Aplicación de la Ley
El criterio presentado afectaría directamente a figuras clave del movimiento independentista catalán como Carles Puigdemont, quien enfrenta cargos por malversación y desobediencia. Puigdemont, procesado en rebeldía, así como los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, también podrían verse impactados por esta decisión, especialmente en lo que respecta a la aplicación de la amnistía a sus casos de desobediencia.
Esta diferenciación también tiene implicaciones para otros líderes independentistas como Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes, aunque ya indultados de penas de prisión, continúan con inhabilitaciones vigentes.
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Detalles de la Reunión y Posturas sobre la Amnistía
La reunión con García Ortiz también contó con la participación de Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, quienes coincidieron en oponerse a que la amnistía implique el levantamiento de medidas cautelares y órdenes de detención existentes. Esta reunión precede a un encuentro planeado con los fiscales superiores de Cataluña, donde se discutirán más a fondo las ramificaciones legales y procesales de la ley de amnistía.
Implicaciones Legales y Futuras Proyecciones
El Tribunal Supremo, junto con los juzgados y tribunales de Cataluña, será clave en la aplicación de la amnistía, que debe implementarse en un plazo máximo de dos meses según la normativa. Este proceso podría incluir la presentación de cuestiones de inconstitucionalidad o recursos de inconstitucionalidad, especialmente considerando el anuncio del Partido Popular (PP) de acudir al Tribunal Constitucional.
