El Gobierno negoció hasta última hora para salvar su decreto sobre los remanentes municipales, pero cosechó un sonoro fracaso. El Congreso rechazó este jueves convalidar la norma con los votos en contra de formaciones tan diferentes como el PP y ERC, lo que supone un durísimo varapalo para el Ejecutivo –y más a las puertas de negociar los Presupuestos Generales del Estado– por lo inusual que es que la Cámara Baja tumbe un decreto aprobado por el Consejo de Ministros.
Solo PSOE, Unidas Podemos y el diputado de Teruel Existe apoyaron la convalidación, y la formación morada lo hizo tras decidirse a última hora, ya que había mostrado –especialmente En Comú Podem– muchas dudas sobre el texto. Su diputado Gerardo Pisarello justificó la decisión asegurando que En Comú había «conseguido in extremis que Hacienda acepte crear un fondo de emergencia municipal de 3.000 millones a fondo perdido».
Todo el resto de formaciones del Congreso votaron contra la convalidación. Y, además de infligir la primera gran derrota de la legislatura a Pedro Sánchez, acabaron con el mecanismo ideado por Hacienda para hacerse con los 14.000 millones de ahorros disponibles de los ayuntamientos a cambio de transferirles solo una parte, 5.000 millones.
Tras certificarse la derrota parlamentaria del Ejecutivo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hizo un llamamiento a «todos», «empezando por el Gobierno de la nación», para negociar ya «de una forma definitiva» una fórmula que permita que los ayuntamientos dispongan de financiación suficiente. «No es una cuestión de victoria o derrota política; lo de hoy lo único que nos exige a todos, empezando por el Gobierno de la nación, es sentarnos y solucionar los problemas de los ayuntamientos», «ya estamos tardando», planteó.
Solo el martes, cuando veía el varapalo acercarse, el Gobierno se abrió a hacer algunos cambios, en el último momento y de manera muy poco profunda, como le afearon varios grupos. Y ayer, Montero se empleó a fondo –e infructuosamente– en la tribuna para hacer cambiar de opinión a los grupos. «La gente quiere respuestas claras, urgentes, y esta situación es inédita y requiere del concurso de todos», argumentó la ministra, que aseguró que, si no se aprobaba el decreto «lo que no puede ocurrir es una tanda de reproches o petición de respuestas al Gobierno».
«El Gobierno no necesita en ningún caso» el dinero de los consistorios, sostuvo Montero, una afirmación que provocó las risas de la bancada del PP. Los populares aseguraron que el decreto era la «crónica de un robo anunciado», mientras formaciones como ERC, EHBildu o Compromís insistieron con vehemencia en sus intervenciones en que el problema se solucionaría reformando la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitir a los consistorios gastar sus remanentes. El PNV, por su parte, denunció que la iniciativa no respetaba las competencias forales.
¿Por qué no gustaba a los alcaldes?
1. Un fondo limitado y condicionado
El decreto rechazado por el Congreso ayer ponía en marcha un fondo de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos. Pero los consistorios no podían gastar la parte que les correspondiera libremente, sino en unas inversiones previamente definidas por elGobierno.
2. Condicionado a prestar los remanentes al Estado
En la propuesta inicial de Hacienda, además, solo recibirían dinero de este fondo de 5.000 millones los ayuntamientos que previamente prestaran sus remanentes al Estado (la Ley de Estabilidad Presupuestaria prohíbe a los consistorios gastar su superávit), que se los devolvería en una década. Para intentar evitar la derrota parlamentaria, la última oferta del Gobierno fue que el 60% del reparto de los 5.000 millones siguiera vinculada al préstamo previo de los remanentes, mientras que el 40% restante lo estuviera a la población de cada municipio.
3. Aprobado sin consenso
Muchos alcaldes se han quejado de falta de diálogo. Y la FEMP, que negoció con Hacienda el decreto, lo aprobó por la mínima, solo con el apoyo del PSOE y el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero./Daniel Ríos