Las asociaciones profesionales de gasolineras alertan de que están creciendo los casos de estafa, una tendencia que se deja notar desde primavera, cuando los precios empezaron a dispararse por la crisis energética mundial. Entidades como la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio Comunidad de Madrid (AEESCAM) o fuerzas de seguridad como la Ertzaintza han dado cuenta de esta tendencia.
Víctor García Nebreda, secretario general de AEESCAM, afirmaba en La Hora de la 1 que el fenómeno “no es nuevo” y tiene “relación directa” con el precio del carburante, con el litro de súper 95 que en junio llegó a costar 2,12 euros y ahora sigue estando a 1,7, cuando empezó el año en 1,4. “Pasa siempre que hay una crisis”, sostiene. Sólo en el País Vasco se han detectado 500 casos en gasolineras en lo que va de año.
Hablamos de episodios que suponen un delito de estafa leve, ya que lo que han gastado y no pagado quienes incurren en él es inferior a los 400 euros. Las gasolineras, explica Nebreda, están obligadas a informar a las fuerzas de seguridad de lo ocurrido. A quien lo haga “lo van a pillar siempre”, indica, ya que a través de las cámaras de las estaciones de servicio se ve el número de matrícula y se identifica al propietario (otra cosa es a quien conduzca el vehículo en el momento de la fuga). También se puede recurrir a la identificación física, ya sea por las imágenes de las cámaras o por testimonios de testigos.
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Si una persona se ha ido olvidando pagar -un caso que no es nada extraño-, se le informa y suele regresar de inmediato o a los pocos días para abonar el pedido, pero quien lo hizo queriendo acaba ante el juez. Cuando la gasolinera interponga la denuncia, una vez tramitada, el infractor recibirá en su domicilio una notificación del juzgado con una citación. En el 99% de casos, el juzgado falla a favor de las gasolineras, indica a Agencia Atlas.
Las sanciones suelen ser una multa de uno a tres meses si la cantidad estafada es inferior a 400 euros, con una tarifa que variará en función de los ingresos o del tiempo de multa que el juez interponga, según el artículo 623 del Código Penal. El mínimo que se puede imponer son dos euros por día y el máximo son 400 por día. Obviamente, también hay que pagar por la gasolina o la compra de tienda que no se abonó en su momento.
“Se recomienda no obstante, cuando se recibe la notificación judicial, intentar alcanzar un acuerdo con el encargado de la gasolinera abonando el importe a condición de que éste renuncie al ejercicio de las acciones penales y civiles que le pudieran corresponder desistiendo de su denuncia”, escriben en su web los expertos de Legalitas.
El problema es que, ya que las sanciones no son altas, hay quien puede caer en la repetición. Y si alguien es reincidente, el delito sube de leve a grave, las multas pueden extenderse durante un año y hasta llevar a penas de prisión, de uno a seis años, en función de los hechos. No es sólo una posibilidad sobre el papel, sino que hay precedentes: en 2021, el Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Villanueva de la Serena (Badajoz), sentenció a 10 euros por día durante tres meses a un conductor que se marchó sin pagar de una gasolinera. En total, 900 euros, sin contar las costas procesales y la devolución del importe estafado en combustible.
Esta estafa habitual se realiza aprovechando que hay muchos clientes o despistes de los trabajadores, acelerando el coche en un segundo… y ahora, también, con el teléfono móvil. Porque se están detectando casos de personas que se bajan el tono de verificación de una transacción hecha con el celular, que acercan sus teléfonos al datáfono y activan el sonido antes de que se haga la operación, y lo retiran como si ya hubieran pagado. El cliente, o sea, el estafador, se marcha, mientras el empleado espera el recibo de la máquina, un recibo que no llegará nunca porque la transacción no se ha hecho.
