Con esta normativa se podrán congelar activos y denegar visados de personas, entidades y asociaciones sin castigar a los países
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han aprobado este lunes un esperado y muy trabajado régimen de sanciones para poder castigar a los responsables, políticos o materiales, de violaciones contra los derechos humanos en cualquier rincón del planeta. Hace dos años, las propuestas holandesas parecían una quimera, y sin embargo en un tiempo récord para los estándares habituales la mayoría se ha posicionado a favor de una normativa, inspirada en la Ley Magnitsky de Estados Unidos, que permitirá poner en la diana de forma mucho más preciosa y flexibles a individuos, empresas o entidades, sin tener que castigar al mismo tiempo a un país o a su población. Directa o indirectamente.
Un ejemplo magnífico de cómo funciona ese régimen en Estados Unidos lo explicó hace apenas unos días la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, que a causa de las sanciones no puede tener en su país una cuenta bancaria y recibe el salario del Gobierno en efectivo. Con la regulación lanzada hoy, ni personas ni entidades de la UE podrán poner recursos económicos a disposición de los sancionados, ni directa ni indirectamente.
En Bruselas se habla de la cuestión desde al menos 2017 con frecuencia. La Eurocámara apretaba, junto a algunas capitales, para un mecanismo que apunta en especial a la expedición de visado y la congelación de activos financieros de quienes violan los derechos humanos. «Fijar el objetivo en el dinero que tienen en el extranjero esos abusadores y en sus viajes es una de las formas más efectivas de cambiar las cosas», explicaban decenas de diputados en una tribuna publicada en este periódico en 2018. «No puede haber impunidad para los generales en Myanmar que cazan a rohingyas, ni para los traficantes de armas que violan el embargo de armas de Sudán del Sur, ni los violadores en la República Cetroafricana o los asesinos del periodista saudí Jamal Khashoggi», instaban entonces.
Los ministros de los 27 no han consensuado levantar la unanimidad para poder aplicar las sanciones, pero sí el que se puedan congelar los activos en la UE de quienes estén en la lista y que todos los relacionados con torturas, ejecuciones o genocidio no puedan entrar en la UE. «El marco para las medidas restrictivas específicas se aplica a actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones o abusos graves de los derechos humanos (por ejemplo, tortura, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales, arrestos o detenciones arbitrarias). Otras violaciones o abusos de los derechos humanos también pueden estar comprendidos en el ámbito del régimen de sanciones cuando sean generalizados, sistemáticos o sean motivo de grave preocupación en lo que respecta a los objetivos de la política exterior y de seguridad común establecidos en el Tratado (artículo 21)», consta en lo acordado este lunes por los ministros.
Se había especulado con la posibilidad de que se bautizara con el nombre de Navalny, el más destacado opositor ruso que estuvo muy cerca de morir este verano tras un envenenamiento, pero se ha optado por un enfoque más plano. Magnitsky, el que da nombre a la sanción norteamericana, fue un abogado ruso que murió en prisión tras ser condenado por denunciar corrupción. Este delito, curiosamente, no formará parte del régimen de sanciones europeo, pero las similitudes entre ambos permitirán una coordinación mucho más efectiva entre Bruselas y Washington durante la presidencia de Joe Biden.
A partir de ahora, será el Consejo, a petición de un estado miembro o del propio alto representante Borrell, el que «establezca, revise o enmiende» la lista. «Hemos aprobado un régimen de sanciones horizontales para violaciones graves, no desde una perspectiva punitiva sino más bien como manera de modificar conductas y promover respeto de los derechos humanos donde son violados», ha apuntado la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
La idea lleva gestándose cerca de una década y ha superado, gracias a la presión directa de senadores de EEUU, la resistencia de gobiernos como el húngaro. Josep Borrell ha abanderado durante su primer año en el cargo la idea que el Gobierno holandés peleó contra viento y marea desde 2018 y que formalizó en un borrador concreto en el verano de ese año. El alto representante prometió ante la Eurocámara que sería uno de sus objetivos y ha cumplido en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo jueves.