Agricultores y organizaciones agrarias de toda España se han concentrado este miércoles frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para exigir medidas efectivas para paliar los efectos de la crisis actual de precios.
El sector hortofrutícola ha advertido que se encuentra en la ruina y que los precios son inasumibles. «No estamos pidiendo nada del otro mundo, sino que se nos pague por nuestras frutas y nuestras hortalizas un precio justo«, reconocen los trabajadores.
¿Qué pide el sector?
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Entre las peticiones de las organizaciones agroalimentarias se encuentra la tarifa especial eléctrica para la producción en finca, en las comunidades de regantes y en las centrales de manipulado.
También una rebaja del IVA del 10% aplicable a los recursos necesarios para la producción y la revisión al alza del IVA compensatorio para los agricultores en estimación objetiva hasta el 14%. A ellas se suma el control de los precios de entrada fijados con terceros países en los acuerdos preferenciales.
En este sentido, hace varios días el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y su homólogo francés, Julien Denormandie, acordaron reforzar sus líneas de trabajo para impulsar las ‘cláusulas espejo’ en las negociaciones comerciales de la Comisión Europea (CE) con terceros países.
Con esta medida, se pretende «garantizar que los productos agrarios importados cumplan con las mismas exigencias medioambientales, sanitarias, de bienestar animal o fitosanitarias, así como con unos estándares de producción equiparables al modelo europeo, es decir, unas reglas de mercado iguales para todos«.
Precisamente, el próximo lunes Planas ha convocado una reunión con representantes de la cadena alimentaria, industria y distribución para «discutir y conversar sobre el momento actual, analizar los problemas y ver las soluciones».
En peligro de extinción
A principios de octubre, las organizaciones agrarias almerienses de Asaja, Coag y UPA salieron a la calle para protestar por la crisis del sector hortofrutícola en Almería. Exigían entonces lo mismo: medidas urgentes para hacer frente a las crisis de precios y salvar un modelo productivo «en peligro de extinción».
