En un movimiento estratégico que busca ampliar el alcance de las investigaciones sobre la presunta trama de corrupción vinculada a contratos de mascarillas durante la pandemia, el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Nuñez Feijóo, ha llevado el llamado ‘caso Koldo’ más allá de las fronteras españolas, instando a organismos europeos a investigar la implicación de fondos de la Unión Europea en el escándalo.
Llamado a la Acción Europea
La vicepresidenta del grupo PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha solicitado formalmente a la Fiscalía Europea, la Oficina de lucha contra el fraude (OLAF) y la Comisión Europea que se investigue si los presuntos cobros de comisiones ilegales en la adquisición de material sanitario durante la crisis del Covid-19 pudieron beneficiarse de fondos europeos destinados a la gestión de la pandemia.
Ampliación de la Investigación
Este paso hacia Europa se suma a las múltiples vías de investigación ya abiertas por el PP, que incluyen acciones judiciales, parlamentarias y políticas, intensificando así su ofensiva contra el PSOE por su presunta vinculación con esta trama de corrupción.
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Investigaciones Paralelas
- Judicial: La Audiencia Nacional, bajo el juez Ismael Moreno, ha aceptado la personación del PP en el caso.
- Parlamentaria y Política: Se han lanzado una serie de preguntas parlamentarias y registrado una comisión de investigación en el Senado.
Reacciones y Medidas Solicitadas
Montserrat ha pedido a la Comisión Europea que condene los actos de enriquecimiento ilícito con fondos públicos y ha cuestionado qué mecanismos de supervisión se implementarán para un control más riguroso de los fondos europeos.
Fiscalía Europea y OLAF en Juego
La Fiscalía Anticorrupción española ha compartido con la Fiscalía Europea contratos relacionados con el ‘caso Koldo’, valorados en 15,3 millones de euros, al considerar que se financiaron con fondos europeos, lo que justificaría la intervención de la EPPO.
Impacto Regional: Baleares y Canarias en el Foco
La querella presentada por Anticorrupción sugiere que los contratos investigados incluyen acuerdos con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, bajo la administración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres respectivamente, poniendo en relieve el alcance regional del escándalo.
