La Ley de reserva estratégica de material sanitario de Castilla-La Mancha entrará en vigor en 20 días tras su publicación en el DOCM.
La ley por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha obliga a los establecimientos de ocio y hostelería y a los organizadores de eventos a «colaborar» con las autoridades sanitarias en un registro de clientes e incluye sanciones de hasta 600.000 euros e incluso el cierre del local en el caso de las muy graves.
Esta ley, que fue aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha el pasado 15 de octubre con el apoyo del PSOE y Cs, ha sido publicada hoy lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y entrará en vigor dentro de veinte días.
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La disposición adicional tercera de la ley introduce la habilitación legal necesaria para la puesta en marcha de un registro para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica, así como de una App que controle el acceso de personas a establecimientos de ocio o donde se realicen eventos multitudinarios, en cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.
La citada App será creada y gestionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el responsable del tratamiento será la Dirección General de Salud Pública.
Asimismo, la disposición final primera de la ley introduce un régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Castilla-La Mancha ante el COVID-19.
Así, a las infracciones leves les corresponde una sanción de multa desde 100 hasta 3.000 euros; a las graves, de entre 3.001 y 60.000 euros, y a las muy graves hasta un máximo de 600.000 euros.
Además, en los casos de infracciones graves se podrá acordar el cierre del local o establecimiento hasta un plazo máximo de dos meses, y en los casos de infracciones muy graves hasta cuatro meses.
Estas sanciones, explica la ley, se graduarán teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las circunstancias concurrentes, con especial atención al riesgo para la salud pública, la transcendencia del daño o el perjuicio causado a la salud pública y el número de personas afectadas, entre otros parámetros.
El objetivo de la ley es garantizar la seguridad y continuidad del abastecimiento de todos aquellos productos sanitarios que se consideren esenciales, estableciendo a tal efecto una reserva estratégica de material sanitario en Castilla-La Mancha.
La ley consta de diecisiete artículos, y se estructura en cinco capítulos, tres disposiciones adicionales, y tres disposiciones finales.
