La magistrada concluye que ninguna autoridad sanitaria dio indicaciones a José Manuel Franco para limitar las concentraciones públicas
La magistrada que investigaba el 8-M ha acordado el sobreseimiento provisional del caso al considerar que, después de practicar una batería de diligencias de investigación, no hay indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación administrativa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido el archivo de la causa.
En un auto de 51 páginas, la juez Carmen Rodríguez-Medel estima que, tras examinar la documentación aportada por diferentes organismo públicos a la causa y haber escuchado las declaraciones de Franco y una quincena de testigos, hay que concluir que entre el 5 y el 14 de marzo el imputado «no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones».
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Además, la titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid señala también que el investigado «no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario ni consta oficialmente que hiciera algo para informarse a través de las autoridades sanitarias competentes». En el auto se califica de «sorprendente» que desde el Ministerio de Sanidad no se alertara a Franco de los riesgos que conllevaba la celebración de actos multitudinarias a comienzos del mes de marzo toda vez que esta cuestión «había sido objeto de atención mediática desde al menos el 3 de marzo y abordada específicamente por el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón«.
La instructora también reprocha al máximo responsable del órgano delegado del Ejecutivo que días antes del 8-M recibió dos comunicaciones de la Comunidad de Madrid -sobre centro de mayores y actividades formativas en centros sanitarios- que aludían a un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública. Rodríguez-Medel que a raíz de esos documentos «el Delegado del Gobierno podría haberse planteado la necesidad de recabar informes o datos de las autoridades sanitarias competentes que le facilitaran criterios para su toma de decisión en los expedientes de concentraciones y manifestaciones de esa semana».
