La Guardia Civil investiga a 92 personas por falsificación de documentos con el fin de evitar multas de tráfico tras descubrir que un hombre ofrecía su identidad para figurar como conductor en las denuncias a cambio de dinero. El acusado, que figuraba como conductor de motocicletas que eran denunciadas por conducción temeraria, tenía un saldo negativo de 321 puntos y se le había retirado el permiso de conducir.
Según la Dirección General de la Guardia Civil, el conductor de una motocicleta se dio a la fuga durante un control preventivo de alcoholemia realizado en una carretera de Mallorca el verano pasado, pero los agentes pudieron apuntar su matrícula y lo denunciaron. Al examinar su expediente, comprobaron que se habían presentado alegaciones en el caso y que una persona de nacionalidad armenia asumía toda la responsabilidad de las infracciones.
El entramado se descubrió cuando los agentes comprobaron que esa persona no tenía permiso para conducir motocicletas, se le había retirado el carné y, además, no había estado en Mallorca en la fecha en la que se cometió la infracción. Inmediatamente se le denunció por falsedad documental y se comenzó una investigación judicial, donde comprobaron que el ciudadano armenio aparecía en el listado de la Jefatura de Tráfico como autor de numerosas infracciones graves cometidas en España, y todas ellas conllevaban la pérdida del permiso de conducir.
Vendía sus puntos del permiso de conducir en internet
Los titulares de las motocicletas denunciadas siempre eran otras personas pero, al notificarles la sanción, identificaban al ciudadano armenio como el conductor del vehículo en el momento de la infracción. Los agentes descubrieron que el estafador tenía un saldo negativo de 321 puntos en el carné de conducir y que se publicitaba en internet a través de una web de anuncios. El precio de cada uno de los puntos del permiso de conducir variaba de 75 a 200 euros, a lo que se sumaría el importe de la sanción por la infracción.
Hasta el momento se han imputado a 91 personas en todo el territorio español por su supuesta implicación en un delito de falsedad documental en territorio español. El ciudadano armenio, quien reside en un municipio de la Comunidad Valenciana, también está siendo investigado como presunto autor de un delito continuado de falsedad documental.