Por otra parte, la Fiscalía ha archivado la investigación sobre el confinamiento de temporeros en Albacete por falta de claridad judicial.
El fiscal jefe provincial de Albacete, Juan Francisco Ríos Pintado, ha señalado que desde el Ministerio Fiscal de Albacete se han incoado diligencias penales para investigar las circunstancias de la muerte de personas concretas durante la pandemia por COVID-19, habiendo sido diez en total, de las cuales cuatro ya han sido archivadas. El objeto de su estudio es averiguar si «ha habido algún tipo de imprudencia, sea de la residencia o sea del servicio médico», en el fallecimiento de algunas personas.
Así lo ha expuesto en rueda de prensa este viernes donde además ha señalado que puede ocurrir que la residencia «funcione bien» pero que en un caso concreto haya habido una imprudencia.
Se trata de diligencias penales en las que el Ministerio Fiscal «intenta ver» si se ha cometido un delito «y perseguir a sus responsables», un estudio con el que pretenden ver «si hay algún responsable claro y concreto del fallecimiento de alguna persona».
Del total de las diligencias, una ha sido genérica puesta por parte del partido político Vox «que se archivó enseguida» puesto que «hay que denunciar hechos concretos y esta por su carácter genérica fue inmediatamente archivada».
Además, hay cuatro denuncias a centros hospitalarios, dos afectan al Hospital de Almansa, uno al de Hellín y uno al de Albacete, por el fallecimiento de personas concretas. De los que ha destacado que el hospital de Almansa «respondió inmediatamente con una documentación muy completa y con unos informes muy exhaustivos sobre las circunstancias en las que se había producido los fallecimientos», y de las dos diligencias una ya ha sido archivada.
Existen otras cuatro diligencias incoadas por muertes de ancianos en residencias de la tercera edad: una en la residencia de los Álamos –ya ha sido archivada–, tres relativas a la residencia del paseo de la Cuba –una de las cuales ha sido archivada–, y por último una en la residencia Alcabala, donde la denuncia iba por denegación de ingreso de un paciente en el hospital de Albacete.
ESTUDIO A 16 RESIDENCIAS
Asimismo, Ríos ha expuesto que por otra parte se ha realizado un estudio de vigilancia general del funcionamiento general de las residencias, pedido por la Fiscalía General del Estado, quien «marcó una pauta» que consistía en hacer un seguimiento de las circunstancias que podían estar determinando «especiales riesgos sanitarios que afectan a los ancianos internados en residencias».
El fiscal jefe provincial de Albacete ha expuesto que en la provincia de Albacete han sido un total de 16 residencias, escogidas por tener una afectación mayor, a las que se les ha pedido información para averiguar qué situación estaban teniendo como consecuencia de la crisis sanitaria vivida.
Para recoger dicha información, se les ha pedido que respondan una batería de preguntas con las que la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que la situación en todas fue «similar», destacando la carencia de medios hasta mediados de abril.
En cuanto al funcionamiento general de estas residencias no se ha observado «en principio» ninguna falta de diligencia, aunque el expediente sigue abierto y se sigue recibiendo información «porque seguimos en un rebrote».
ASENTAMIENTO DE TEMPOREROS
Por otra parte, el fiscal jefe provincial de Albacete ha manifestado que el motivo por el que se ha archivado la investigación por confinamiento de temporeros de Albacete se debe a una falta de claridad en la imposición de obligaciones por el acto judicial y por discusión competencial entre administraciones que tenían que hacer la sectorización de los temporeros.
El fiscal ha señalado que el primer auto en el que se acordaba un primer confinamiento de 14 días en el que además se exponían las medidas necesarias «no fue notificado ni al Ayuntamiento ni a la Subdelegación del Gobierno», exponiendo que solo fue notificado a la delegación de Sanidad.
Además, en dicho auto no se incorpora un «mandato concreto», es decir, no se indica qué institución debe llevar a cabo las actuaciones necesarias, por lo que se produce una «falta de claridad» que provoca una discusión competencial entre Ayuntamiento y Junta sobre a quién le correspondía materialmente hacer esa sectorización.
Esto se debe a una confusión puesto que desde Sanidad entienden que el Ayuntamiento es quien se encarga de gestionar los asentamientos de temporeros, mientras que por parte del Consistorio entiende que «el confinamiento lo ha acordado Sanidad, pues es Sanidad quien tiene que gestionar el confinamiento».
De esta manera el Ministerio Fiscal ha llegado a la conclusión que no se puede exigir responsabilidad por desobediencia, por lo que no procede continuar con la investigación, dejando constancia que «ambas administraciones, Junta y Ayuntamiento, cumplieron con parte de las obligaciones». El Ayuntamiento se encargó de la limpieza y la Junta de Comunidades se encargó de la alimentación y asistencia sanitaria de los temporeros.
Para su investigación se ha reunido documentación relativa al primer auto y al cumplimiento o incumplimiento del mismo, atestando documentos policiales a los que se ha unido un informe recabado de Sanidad.