Instituto Catalán de Finanzas (ICF) del aval a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones por la promoción exterior del “procés”.

En un decreto, la Fiscalía Superior de Cataluña acuerda abrir una investigación a raíz de una denuncia de Ciudadanos por un delito de malversación, si bien la remite a la Fiscalía de Barcelona para que practique las actuaciones procedentes para aclarar la intervención de los miembros de la Junta de Gobierno del ICF, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya tiene una denuncia contra el Govern por el mismo tema interpuesta por Vox.

En concreto, respecto de los miembros del Govern contra quienes también se dirigía la denuncia de Ciudadanos, la Fiscalía Superior la archiva porque el TSJC, órgano judicial ante el que deben responder los aforados, ya tiene otra denuncia contra el presidente Pere Aragonès y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por estos mismos hechos.

Mientras tanto, la Fiscalía Superior ha remitido la denuncia a la Provincial de Barcelona para que practique diligencias encaminadas a aclarar si los miembros de la Junta de Gobierno del ICF cometieron algún delito en la concesión de los avales, dado que es a esta instancia a la que corresponde investigarlos por no ser aforados.

En su escrito, el fiscal Superior, Francisco Bañeres, no entra a valorar si ve delictiva la concesión del aval, pero recuerda que la ley obliga al ministerio público a abrir diligencias “cuando se reciba noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal”.

Cs presentó la semana pasada su denuncia ante Fiscalía, al entender que el Govern cometió una “operación fraudulenta” con la creación del Fondo Complementario de Riesgos para avalar a los ex altos cargos encausados a través del Instituto Catalán de Finanzas lo que provocó la dimisión de tres miembros independientes de la junta de gobierno de la entidad.

El martes, el Tribunal de Cuentas instó a la Abogacía del Estado a pronunciarse sobre si era aceptable que la Generalitat avalase con dinero público a acusados por malversación contra las propias arcas catalanas.