La Fiscalía del Tribunal Supremo ha entregado este lunes un informe de más de 300 páginas en el que se posiciona en contra de la admisión de la veintena de querellas que han venido presentándose desde el inicio del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia de covid19.
El análisis de los fiscales que intervienen en los informes se centra en los delitos más denunciados, que además del presuntamente cometido contra los trabajadores son el de muerte o lesión por imprudencia, prevaricación administrativa y omisión de socorro. No se encuentran indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o del presidente, Pedro Sánchez, pueda incardinarse en ninguna de los delitos denunciados.
Los menos habituales en las querellas, pero cuya posible existencia en la acción el Gobierno también se analiza por los fiscales, son los de falsedad y hasta de genocidio, según las mismas fuentes. Tampoco encuentra la Fiscalía indicios de la comisión de estas conductas criminales.
Entre unas y otras se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox -todos ellos en calidad de acusación popular- pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por covid19, en calidad de acusación particular e incluso una instada por el Pleno de un ayuntamiento manchego.
Entre unas y otras se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox -todos ellos en calidad de acusación popular- pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por covid-19, en calidad de acusación particular.
En total presentaron querella 19 colectivos, si bien está pendiente un informe similar, mucho más extenso, en relación con otras casi 40 denuncias también por hechos considerados delictivos.
Equipo de fiscales
En la elaboración del informe, coordinado por el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, han colaborado el Fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, la Unidad especializada de Siniestralidad laboral, así como la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.