«sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación».
En un comunicado, el abogado Javier Sánchez-Junco afirma que tales afirmaciones «conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano», ya que se traslada a la opinión pública «valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente» al anterior jefe del Estado.
«Graves afirmaciones»
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«En esa comunicación a las autoridades suizas se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan, a nuestro juicio, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice», denuncia.
Subraya el abogado que dicha solicitud de asistencia judicial no es pública, por lo que, salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la Fiscalía, «cuyas actuaciones son reservadas», sin que le conste al abogado que hayan sido comunicadas a parte alguna del procedimiento.
La defensa del rey emérito recuerda, además, que dichas informaciones se refieren, al parecer, a una solicitud de asistencia judicial internacional en materia penal remitida a las autoridades suizas hace casi siete meses por el fiscal instructor de las diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía del Tribunal Supremo.
En un comunicado, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha explicado que la autoridades suizas deben «confirmar o descartar» los «indicios de criminalidad» contra el rey emérito que aprecia en sus diligencias de investigación y que ha incluido en la comisión rogatoria dirigida al país helvético.
El Ministerio Público ha emitido un breve comunicado tras la publicación de una información este viernes en el diario ‘El Mundo’ que señala que Juan Carlos I cobró «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales».
La Fiscalía recuerda que tiene abiertas tres diligencias de investigación referidas al rey emérito: una por el cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), otra sobre si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales.
