El ex jefe del Estado conserva el título de rey emérito, tiene escolta, está aforado y forma parte de la familia real.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el martes que no tiene información sobre el paradero de Juan Carlos I, mientras que la Casa del Rey rehúsa revelar dónde se encuentra alegando que se trata de un asunto privado del que dará cuenta el propio afectado, si lo considera conveniente.
Pero, a pesar de que el rey emérito abdicó en junio de 2014 y en marzo pasado dejó de percibir la asignación de casi 200.000 euros anuales que cobraba de los Presupuestos Generales del Estado, Juan Carlos de Borbón y Borbón está muy lejos de ser un ciudadano de a pie.
Como ex jefe del Estado, dispone de una escolta permanente que depende funcionalmente del jefe del Servicio de Seguridad de la Casa del Rey, el coronel de la Guardia Civil Miguel Ángel Herráiz, y orgánicamente del Ministerio del Interior. Si Sánchez quiere saber dónde está en cada momento don Juan Carlos, no tiene más que preguntar al ministro Fernando Grande-Marlaska.
Algunos de los amigos que despidieron el pasado domingo en Sanxenxo (Pontevedra) al rey emérito, aseguran que iba acompañado por su ayudante de campo, un militar que le hace de asistente. Fuentes oficiales de La Zarzuela aseguran, sin embargo, que “la Casa del Rey no presta ningún apoyo al rey emérito, más allá de garantizar su seguridad inmediata”.
Juan Carlos I sigue ostentando el título honorífico de rey, que le otorgó un decreto ley de 13 de junio de 2014, pocos días antes de su abdicación. Sin embargo, este título no conlleva ningún privilegio. Su protección legal, una vez perdida la inmunidad de la que disfrutó mientras fue jefe del Estado, procede de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 11 de julio de 2014, aprobada menos de un mes después de la sucesión, que aforó ante el Supremo a los reyes eméritos, a la reina Letizia y a la princesa de Asturias.
Pero la mayor diferencia entre Juan Carlos I y los demás españoles es que sigue formando parte de la familia real. Felipe VI no ha querido excluirlo, como hizo tras su proclamación con sus hermanas y cuñados, reducidos a la condición de familia del Rey.
La pertenencia a la familia real tiene sus servidumbres, pues supone que el rey emérito está sujeto al código ético que Felipe VI aprobó en enero de 2015. Según este, no se podrán aceptar “regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía”, ni tampoco “favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. La norma no especifica si sería aceptable una invitación a residir en la casa y a costa de alguno de los potentados amigos del ex jefe del Estado.
