Muchos trabajadores tienen dudas sobre qué les ocurriría si su empresa aplicara un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Una de las propuestas sobre la mesa de negociación es que los afectados empiecen a consumir paro.
Continúan las negociaciones por la prórroga de los ERTE. El Gobierno estaría dispuesto a extenderlos hasta el 31 diciembre pero plantea una novedad importante, que empiecen a consumir tiempo de paro de los trabajadores afectados.
Es uno de los puntos del borrador del Ministerio de Trabajo, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias. Plantea que a partir del 1 de octubre desaparezca el contador cero. Uno de los asuntos que menos contenta a agentes sociales y a trabajadores.
En el texto, el Gobierno expresa su voluntad de prorrogar los ERTE hasta el 31 de diciembre. Esto tampoco satisface ni a sindicatos ni a empresarios, que esperaban que se extiendan al menos hasta abril del año que viene. El lunes se retoman las negociaciones, con reuniones cada día. Urge llegar a un acuerdo, porque recordemos el 30 de septiembre termina el plazo.
Antena 3 Noticia ha entrevistado al profesor de economía la Universidad complutense y subdirector de FEDEA, José Ignacio Conde-Ruiz. Sobre si la extensión de los ERTES computará como tiempo de paro, ha asegurado: «Es una de las cuestiones que están sobre la mesa. Yo creo que en principio la situación no requiera ese cambio porque todavía hay mucha incertidumbre, todavía hay actividades que no están trabajando con total normalidad y, por lo tanto, no deja de ser una medida de apoyo a la empresa y a la demanda. A lo mejor si se introducen estas medidas, las personas pueden bajar su nivel de consumo porque se sientan en una situación peor. Creo que es una medida que podría considerarse más adelante pero ahora mismo no».
Sobre si se producirá casi de forma segura un endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación: «El tema de la jubilación es un tema que ya estaba pendiente antes de que llegara la pandemia. Creo que el sistema de pensiones en España se tiene que adaptar a esta nueva longevidad y es bueno para el sistema que los trabajadores, en la medida de lo posible, se jubilen más tarde. Hay dos tipos de jubilados, los que lo hacen de forma voluntaria, y probablemente en algunos casos habrá que poner incentivos para que no lo hagan, y los que los hacen de forma involuntaria y aquí hay que mirar cómo las empresas gestionan la edad de sus plantillas. Si lo que hacen las empresas lo que hacen es discriminar por edad y una vez que te despiden de un trabajo no te vuelven a contratar y encima endureces el acceso a la jubilación anticipada, puede generar desigualdad y puede ser injusto».
Sobre las declaraciones de Nadia Calviño, si deduce una congelación de los salarios de los funcionarios: «Creo que España llevaba un progreso de consolidación fiscal y lo interrumpimos en 2014, cuando se empezó a bajar impuestos, a aumentar gastos y empezó a aumentar el déficit. Creo que cuando superemos esto, vamos a retomar este proceso de consolidación. Quiero decir dos cosas: la primera que no me parece adecuado hacerlo en un momento donde hay mucha incertidumbre y todavía son necesarias medidas de demanda. Creo que son medidas de consolidación que tendrían que llegar una vez recuperemos el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia. Luego, cuando hablamos de los funcionarios, es cierto que no se les puede despedir, son contratos más seguros y tendrían que hacer un poco más de esfuerzo. Pero no podemos olvidar que a muchos de los funcionarios les hemos sometido a un estrés de trabajo. Quizás habría que mirar el trabajo de cada funcionario, mirar su productividad, y que las bajadas no sean generalizadas y que tengan en cuenta el esfuerzo que han realizado y su nivel de productividad».