El Parlamento italiano ha dado luz verde a una de las leyes más restrictivas de Europa en materia de maternidad subrogada. La nueva normativa, que refuerza la legislación existente desde 2004, establece penas de prisión de tres meses a dos años y multas de entre 600.000 euros y un millón de euros para quienes participen, organicen o publiciten esta práctica, conocida también como «vientre de alquiler», así como para quienes comercialicen gametos o embriones.
Lo más destacable de la ley es su carácter extraterritorial, lo que significa que los ciudadanos italianos que recurran a la maternidad subrogada en otros países también podrán ser juzgados bajo la legislación italiana, una medida que busca combatir una práctica que, según la primera ministra Giorgia Meloni, es «inhumana».
Una Ley Controvertida y Fuertemente Politizada
La ley, impulsada como parte de la agenda política de Meloni, ha generado un intenso debate en Italia. Desde el gobierno, se ha defendido como un avance necesario para evitar la explotación de mujeres vulnerables y garantizar que los niños no sean tratados como «mercancías». La ministra de Familia, Igualdad de Oportunidades y Natalidad, Eugenia Roccella, afirmó que esta normativa cuenta con el respaldo de una red internacional de feministas que ven en Italia un ejemplo a seguir en esta materia.
Sin embargo, sectores de la oposición y diversos colectivos han criticado la medida, calificándola de inconstitucional y contraria a los derechos reproductivos. Riccardo Magi, secretario general del partido progresista Más Europa, aseguró que la ley «será derribada por los tribunales» por entrar en conflicto con el artículo 49 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según Magi, esta ley «crea niños de serie A y de serie B» y perjudica a las familias que recurren a este procedimiento.
Críticas desde Colectivos de Derechos Humanos y la Comunidad LGBT
La normativa ha sido especialmente rechazada por las Familias Arcoíris y otras organizaciones de la comunidad LGBT, que consideran que la ley tiene un enfoque discriminatorio. Diversos sectores han señalado que ignora el contexto global en el que muchas parejas, incluidas las italianas, recurren a la maternidad subrogada como solución para formar una familia.
Ivan Scalfarotto, líder del grupo Italia Viva, ha señalado que la ley viola el artículo 3 de la Constitución italiana, que establece el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Para Scalfarotto, esta disposición no solo criminaliza a las parejas que buscan alternativas en el extranjero, sino que también vulnera los derechos reproductivos y el acceso a técnicas de reproducción asistida.
Impacto Internacional y Repercusiones Legales
Organismos internacionales y colectivos de derechos humanos han advertido sobre las implicaciones de esta ley en el contexto global. Según estos grupos, la normativa no solo dificulta el acceso a la maternidad subrogada, sino que también podría afectar a las parejas italianas que ya han recurrido a esta práctica en otros países. Además, han señalado que el carácter extraterritorial de la ley podría sentar un precedente problemático al criminalizar conductas legales en otras jurisdicciones.
Por otro lado, defensores de la medida argumentan que busca proteger a mujeres en situaciones vulnerables que podrían ser explotadas en un mercado que, en muchos casos, opera sin regulación adecuada.
Un Debate de Derechos Fundamentales
El gobierno de Meloni ha defendido la ley como un paso necesario para salvaguardar los valores familiares y proteger a los menores. Sin embargo, los críticos alertan sobre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales, como el acceso a la procreación asistida y la igualdad ante la ley.
El debate no solo se centra en los aspectos legales, sino también en cuestiones éticas y sociales que dividen profundamente a la sociedad italiana. Mientras algunos ven en la ley una herramienta para evitar la explotación y proteger a los menores, otros la consideran un retroceso que restringe libertades y derechos reproductivos.
