Investigación sobre Injerencia Rusa en el Proceso Independentista Catalán

mossos independentistas
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El juez de Barcelona, encargado de investigar la supuesta injerencia rusa en el proceso independentista catalán, conocido como el caso Volhov, ha solicitado cooperación con la Audiencia Nacional, específicamente con el magistrado Manuel García-Castellón, quien lidera el caso Tsunami. Este último se centra en investigar por terrorismo a los presuntos líderes de Tsunami Democràtic, incluyendo al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira.

Solicitud de Informes Policiales

La providencia revelada muestra que el juez Joaquín Aguirre pide acceso a informes policiales que documenten la presencia de agentes de los servicios secretos rusos en España. Esta solicitud se basa en informaciones periodísticas que podrían contribuir significativamente a la investigación en curso.

Contexto de la Investigación

El interés por estos informes surge ante las pruebas de conexiones entre dirigentes independentistas y Rusia, buscando apoyo para el movimiento de independencia de Cataluña. Se menciona que Puigdemont y su entorno mantuvieron relaciones con políticos de extrema derecha en Alemania e Italia, así como con Rusia, que supuestamente estaba dispuesta a ofrecer apoyo económico y militar.

Reclamación de Información Sobre Espías Rusos

Recientemente, dos policías heridos durante el bloqueo del aeropuerto de El Prat en las protestas de 2019 han instado a García-Castellón a solicitar información sobre espías rusos especializados en sabotajes y asesinatos que habrían viajado a Barcelona entre 2014 y 2019. Este período abarca los años críticos del referéndum del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia, eventos centrales en la crisis política catalana.

Implicaciones y Desarrollo Futuro

La petición de los informes policiales subraya la complejidad del caso Volhov y su posible conexión con actividades internacionales que podrían haber influido en el proceso independentista catalán. La colaboración entre distintos órganos judiciales destaca la seriedad con la que se está tomando la posibilidad de injerencia extranjera en asuntos internos de España.