La Asociación Española de Abogados Cristianos presentará una querella por prevaricación contra el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, por colgar de la fachada del Ayuntamiento la bandera LGTBI, mientras que desde el Ayuntamiento de la capital alcarreña han señalado que lo que hay colgado en su balconada es «una pancarta», como lo han hecho con otras pancartas en fechas importantes desde el punto de vista social.
Así, frente al anuncio de esta querella por parte de esta organización solicitando, a través de un comunicado, «medidas cautelarísimas» para obligar al Ayuntamiento de Guadalajara a retirar dicha bandera, el departamento de comunicación del Consistorio ha indicado a Europa Press que el alcalde todavía no han recibido ninguna notificación.
Además, desde el Consistorio han reiterado el compromiso «hasta el fin» de la institución y del regidor con la diversidad y con visibilizar esa lucha en todas las acciones y espacios.
Lee también: Premian un estudio pediátrico del Hospital de Guadalajara
Al igual, desde la institución ha asegurado que por el momento no tienen constancia de esta querella, pero que cuando llegue la analizarán «con calma», tras insistir en que no es una bandera sino una pancarta.
Una aseveración que surge también a raíz de que la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, haya recordado en un comunicado que «una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos».
En este sentido, fuentes municipales han subrayado que desde el Ayuntamiento se ha optado por poner esta pancarta al igual que se hizo en otras fechas señaladas como el Día de la Mujer y que «están tranquilos» porque entienden que en el caso de este Ayuntamiento, lo que hay en la balconada no es un izado de bandera sino una pancarta.
De su lado, la organización de juristas ha solicitado «medidas cautelarísimas para obligar al Ayuntamiento a retirar dicha bandera a la mayor brevedad posible».
Además, Castellanos ha recordado que «una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos» y ha reiterado que «se trata del mismo caso que con las banderas independentistas». «No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía», ha aseverado.
Por último, Castellanos ha criticado que «muchos políticos hacen con la bandera arcoíris lo que ellos mismos criticaban con las esteladas en Cataluña o las ikurriñas en Navarra».
«Las banderas no oficiales no deben estar en los edificios públicos y así lo acaba de sentenciar claramente el Tribunal Supremo», ha concluido en su comunicado.
