La violencia policial injustificada puede llevar a la muerte de una persona y la tragedia para su familia, pero hay otras graves consecuencias menos evidentes.
Ciudades que se ven forzadas a endeudarse para pagar demandas, comunidades rotas, una creciente desconfianza hacia la autoridad, aumento de la criminalidad…
Los casos de mala praxis policial tienen múltiples consecuencias en Estados Unidos y están hoy detrás de la mayor oleada de protestas que se vive en el país en medio siglo.
La violencia policial injustificada puede llevar a la muerte de una persona y la tragedia para su familia, como se ha visto en el caso de George Floyd, cuyo fallecimiento bajo custodia policial fue la mecha de estas manifestaciones.
Pero hay otras consecuencias menos evidentes que varias investigadoras han sacado a la luz.
El peso recae en los ciudadanos
Cuando un caso de mala conducta policial se produce, genera una especie de efecto dominó con consecuencias a corto y largo plazo: tanto económicas como sociales.
La catedrática de Derecho Eleanor Lumsden advertía de ello en un informe publicado en 2017 y que titulaba con una pregunta que estos días vuelve a ser de crucial relevancia: «¿Cuánto le cuesta la brutalidad policial a Estados Unidos?»
Han pasado tres años desde que se difundió su investigación, pero algunas de sus conclusiones se ajustan cuasi perfectamente a la situación por la que pasa hoy el país.
¿Qué ocurre cuando una persona desarmada muere por violencia policial injustificada? Teniendo en cuenta que un ciudadano afroestadounidense tiene casi el doble de posibilidades de morir por violencia policial en el país, Lumsden se centra en esta comunidad y subraya los costes indirectos para el colectivo.
«La ausencia de padres negros deja a niños sin el soporte adecuado. Esos niños pueden quedar a su suerte en un sistema escolar que habitualmente sirve más de canal hacia la cárcel que de camino a una educación superior», advierte.
En ocasiones, es «fácil» olvidar lo que supone para la familia del fallecido esa violencia, reflexionaba Lumsden, pero tiene múltiples repercusiones.
«Quiero que todo el mundo sepa que esto es lo que estos agentes se llevaron», decía esta semana entre sollozos la expareja de George Floyd, Roxie Washington, apuntando a la hija de ambos, Gianna, de tan solo 6 años, en una rueda de prensa.
«Si tiene un problema y necesita a su papá, ya no lo tiene«.
Los incidentes de «brutalidad policial» dejan también «un trauma colectivo que experimenta toda la sociedad», pero de forma más acuciante los miembros de las minorías, destaca la profesora de la Universidad Golden Gate en conversación con BBC Mundo.
La violencia, además, genera violencia, pues, como se ha comprobado estos días, los casos de abusos policiales no solo provocan protestas pacíficas, también pueden llevar en algunos casos a que se produzcan saqueos y otros daños materiales.
¿Y quién acaba pagando por todo esto?
Irónicamente, los propios ciudadanos.
«Las comunidades también pagan los costes de la policía adicional para las manifestaciones, la alteración del tráfico o el comercio, y cualquier destrozo a la propiedad que pueda derivar de los disturbios», incide Lumsden.
Quizá una de las consecuencias más desconocidas son los millones y millones de dólares en demandas por mala conducta policial que acaban pagando las ciudades… O, en otras palabras, los contribuyentes.
Creo que se han visto avances significativos a nivel local o por estados desde mi investigación, pero se necesita hacer más»
Una de las mayores expertas del país en litigios de mala praxis policial, Joanna C. Schwartz, compiló los primeros estudios a nivel nacional sobre el asunto y concluyó que los agentes de policía «acaban siempre virtualmente indemnizados».
De 2006 a 2011, «los gobiernos de las ciudades pagaron aproximadamente el 99,98% de los dólares que los querellantes recuperaron en demandas alegando violaciones de derechos civiles por parte de la policía», reveló la catedrática de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
Los policías, según su investigación, resultan inmunes a la responsabilidad financiera en casos de supuestos abusos o muerte por negligencia, e incluso cuando pueden ser forzados a pagar algo, casi nunca lo acaban haciendo.
Algunas ciudades incluso se han visto forzadas a recurrir a bonos, una herramienta que organizaciones como The Action Center on Race & the Economy (ACRE) —en defensa de la justicia racial y la rendición de cuentas a Wall Street— han llegado a denominar como «bonos de la brutalidad».
«Las indemnizaciones por litigios de Chicago requirieron que la ciudad vendiera US$1.000 millones en bonos en 2011 y emitiera US$100 millones en bonos en 2014», recogía la investigadora.
En 2019, la ciudad pagó más de US$59 millones por casos contra la policía, según documentos públicos del Departamento de Justicia de Chicago revisados por BBC Mundo.
A ello, no obstante, habría que sumarle los intereses y el posible pago de abogados privados para batallar los casos contra las fuerzas de seguridad, que en 2018 supusieron US$30,1 millones de un total de más de US$113, reveló el diario The Chicago Tribuneen una investigación.
En un vistazo rápido a las cuentas de la urbe de 2019, se encuentra el controvertido caso de Carl Chatman, a quien se indemnizó con 1,4 millones (antes de intereses) por una «condena revocada».
Chatman, un ciudadano afroestadounidense de 63 años, pasó más de 10 en prisión por violación.
Según The Washington Post, su abogado denunció que la policía se había aprovechado de él por su discapacidad mental y por ser una persona sin hogar.
Un detective acusó a otro compañero de haber forzado a confesar a Chatman del crimen, según la prensa local.
Rendición de cuentas
A juicio de la investigadora de UCLA, los presupuestos de los departamentos de policía están extremadamente aislados de los efectos financieros de sus acciones y eso contribuye al tipo de mala praxis evidenciado en el caso Floyd, que no deja de repetirse en el tiempo.
Trayvon Martin, Eric Garner, Michael Brown, Walter Scott, Freddie Gray, Sandra Bland, Philando Castile, Atatiana Jefferson, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery…
Hubo muchos otros muertos antes que George Floyd y en pocos de esos casos los agentes fueron represaliados con algo más que el despido.
Esta vez, el agente blanco que hincó su rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de 8 minutos mientras él clamaba por su vida una y otra vez hasta perder el conocimiento y morir, ha sido acusado de homicidio en segundo grado.
Primero le acusaron de homicidio en tercer grado, es decir, no intencionado; pero la Fiscalía acabó cambiando los cargos. En medio de la creciente presión social, los otros agentes que estaban en la escena también acabaron siendo acusados por prestar apoyo e incitar al homicidio.
A ello se suma la investigación que se ha abierto sobre la comisaría de policía implicada.
«Los departamentos de policía necesitan sentir mayores consecuencias cuando yerran en formar, disciplinar y supervisar de manera adecuada a sus agentes», urge Schwartz.
Esas consecuencias pueden darse en materia financiera, pero no tienen por qué serlo, considera.
«También pueden aplicarse a través de una mayor supervisión a nivel gubernamental, disposiciones de rendición de cuentas en acuerdos sindicales o consecuencias para jefes de policía y otros ejecutivos».
Creo que la falta de consecuencias (para los policías) contribuye al tipo de mala praxis evidenciado en el caso Floyd»
Y es que la percepción de vivir bajo un sistema injusto o en el que persiste la impunidad lleva a otro importante «costo»: la desconfianza hacia las autoridades a todos los niveles y una nueva espiral de criminalidad o violencia.
E, incluso, una «fuga» de ciudadanos.
«Sé que hay policías buenos, simplemente tratando de hacer su trabajo. Pero también siento miedo de lo que podría pasarme cada vez que veo que me dan las luces desde mi retrovisor», lamenta la investigadora Lumsden.
En grupos de Facebook, dice, ve a muchos afroestadounidenses como ella queriendo salir o huir de Estados Unidos.
Pese a que reconocen que hay racismo en todas partes, «muchos están dispuestos a correr el riesgo por la oportunidad de tener una vida en la que ellos y sus familias estén libres de la brutalidad policial«.
El fuego que recorrió «la tierra de la libertad» de punta a punta esta semana sirve de ejemplo del alto costo de la violencia policial.
Tan solo bastaba con escuchar a una de las activistas afroestadounidenses más influyentes del país, Tamika D. Mallory, para entenderlo:
«La razón por la que se están quemando edificios no es solo por nuestro hermano George Floyd. Se están quemando porque la gente aquí en Minnesota está diciendo a la gente en Nueva York, a la gente en California, en Memphis, a la gente de todas partes del país: ¡ya basta!
No me importa un carajo si queman Target, porque Target debería estar en la calle con nosotros pidiendo la justicia que nuestra gente merece.
Así que si no van a venir en nuestra defensa, no nos desafíen, cuando jóvenes y otras personas que están frustradas y han sido alentadas por la gente a la que ustedes pagan.
Están pagando a instigadores para que se infiltren entre nosotros, lanzando piedras, rompiendo ventanas y quemando edificios.
Así que la gente está respondiendo a eso.
Están furiosos y hay una manera fácil de pararlo:
Detengan a los policías. Imputen a los policías. Presenten acusaciones contra los policías. No contra algunos (…) En cada ciudad en Estados Unidos donde nuestra gente está siendo asesinada
No nos hablen de saqueos. Ustedes son los saqueadores.
América ha saqueado a la gente negra. A los indígenas que llegaron aquí por primera vez.
Saquear es lo que hacen ustedes: lo aprendimos de ustedes.
La violencia la hemos aprendido de ustedes».
La rabia, pero también el optimismo, es latente en las calles.
«Esta vez, sí», aseguraban unos jóvenes manifestantes en Miami esta semana en conversación con BBC Mundo, destacando el amplio apoyo a su causa, también entre miembros de la policía.
Poco después, las palabras de la hija de 6 años de Floyd se hacían virales: «Mi papá cambió el mundo».