La Fiscalía de Menores de Sevilla abre investigación penal por el caso de Sandra Peña, cuyo suicidio destapa posibles fallos en la actuación del colegio Las Irlandesas.
El caso que conmociona a Andalucía
El suicidio de Sandra Peña, una menor de 14 años que estudiaba en el colegio Las Irlandesas de Loreto en Sevilla, ha desatado una ola de indignación social, institucional y judicial. Según ha trascendido, la joven sufría acoso escolar desde hacía tiempo, lo que presuntamente motivó su trágica decisión.
La Fiscalía de Menores de Sevilla ha abierto una investigación penal para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades entre las compañeras señaladas por la familia. Por su parte, la Junta de Andalucía ha iniciado un expediente administrativo al centro educativo, advirtiendo de que podría perder el concierto educativo si se confirma un “incumplimiento muy grave” de los protocolos antiacoso.
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Posibles delitos y penas para las menores
Aunque el Código Penal español no tipifica el acoso escolar como delito autónomo, las conductas asociadas pueden constituir graves infracciones penales. Letrados consultados explican que las menores presuntamente implicadas ya tienen edad penal —al tener 14 años— y podrían enfrentarse a un delito contra la integridad moral (artículo 173.1) en concurso con homicidio imprudente.
La sanción, si se llegase a esa calificación jurídica, podría suponer hasta 8 años de internamiento en centros de menores en régimen cerrado. No obstante, los expertos recuerdan que para hablar de inducción al suicidio se exige una incitación directa y específica, algo que en este caso no ha sido probado.
Posibles responsabilidades del colegio
Además de la vía penal, se abren otras dos líneas de análisis: la responsabilidad civil y la administrativa. Según explican los letrados consultados, los padres de Sandra podrían reclamar una indemnización por daños y perjuicios si se acredita que el centro educativo no actuó con la diligencia debida.
En el ámbito administrativo, la Junta ha sido tajante: si el colegio no activó correctamente el protocolo de acoso, podría enfrentarse a la retirada del concierto educativo. Esta medida supondría la pérdida de financiación pública, un golpe económico y reputacional para el centro.
Reacción social e institucional
La respuesta de la ciudadanía ha sido inmediata. En redes sociales, asociaciones, clubes deportivos y figuras públicas han expresado su pesar y exigido justicia para Sandra. El Real Betis, equipo del que era seguidora, le dedicó su último partido, mientras que aficionados del Sevilla FC desplegaron una pancarta con el mensaje: “Tolerancia cero con el bullying”.
Uno de los homenajes más conmovedores tuvo lugar durante el partido del equipo femenino CD Honeyball, donde Sandra jugó en el pasado. Las jugadoras lucieron camisetas con el lema: “Tu corazón late en el campo”, antes de enfrentarse a la UD Morón.
La importancia de actuar ante el acoso
El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos antiacoso, garantizar su correcta aplicación y formar tanto al profesorado como a las familias para detectar a tiempo los signos de alarma.
Los letrados consultados coinciden en que la responsabilidad no recae solo en los menores implicados, sino también en los adultos y en el centro escolar, que tienen la obligación legal y ética de proteger a los alumnos.
Justicia y prevención
Mientras avanza la investigación, el caso de Sandra Peña pone sobre la mesa la urgencia de revisar los mecanismos de prevención y actuación en todos los centros educativos del país. Un drama que, según asociaciones de víctimas, no es aislado.
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