Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juzgado de Madrid en el que solicita la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la investigación sobre la reducción de camas en el Hospital Puerta de Hierro.
El daño público superaría los 10 millones
El Ministerio Público sostiene que esa reducción se habría realizado sin procedimiento administrativo, lo que habría causado una pérdida económica al tesoro público superior a los 10 millones de euros. En el mismo escrito, también se reclama la citación del exconsejero de Sanidad, Juan José Güemes y otros altos cargos.
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Según indica el auto «se modificó ‘de facto’ el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda adjudicado por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda, S. A.»
Mediante esta resolución, 135 habitaciones del centro pasaron de ser dobles a individuales.
Caso Púnica
No es la primera causa abierta contra Aguirre. La exmandataria también consta como imputada en la pieza 9 del ‘Caso Púnica’, trama relativa a la presunta financiación irregular del Partido Popular de Madrid. En este caso, se le atribuyen delitos vinculados al desvío de dinero público y falsedad electoral.
«La investigación arroja indicios racionales de que la expresidenta sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad».
En este procedimiento, la Audiencia Nacional también incluye al expresidente madrileño, Ignacio González, al exconsejero, Francisco Granados, y al exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez, piezas claves que jugaron «un papel decisivo y esencial» en la toma de decisiones sobre dicha financiación ilegal.
